Varios cientos de padres mexicanos recurren a amparos judiciales para que se vacune a sus hijos antes del retorno a las escuelas, previsto para el 30 de agosto, ante el temor de que suban los contagios de COVID-19 entre los menores de edad.
Entre los padres que han optado por la vía legal está Alma Franco, una abogada del estado sureño de Oaxaca, que a inicios de mes logró que un juez estatal le apruebe un amparo para inmunizar a su hijo de 12 años con la vacuna de Pfizer.
El éxito de la acción legal animó al menos a 200 padres de la capital mexicana y otros estados a emprender procesos similares utilizando el mismo formato de Franco, quien publicó en las redes sociales el texto de su amparo para que otros pudieran copiarlo y lograran vacunar sus hijos.
Algunos medios locales han informado que en los últimos días 15 amparos fueron aprobados y otros 31 fueron rechazados por jueces de diferentes ciudades mexicanas.
Una de las menores que pudo vacunarse gracias a un amparo fue Ingrid Nattalie, una estudiante de 13 años que vive en la ciudad norteña de Mexicali, estado de Baja California. La inmunización de la adolescente, que se realizó el 21 de agosto, fue considerada por su abogado, Jorge Lizarraga, como un “triunfo judicial”, ya que sus padres habían hecho otros intentos para vacunarla pero las autoridades sanitarias no se lo permitieron.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó desde el 24 de junio el uso de la vacuna Pfizer a partir de los 12 años, pero el plan nacional de vacunación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sólo se aplica en la actualidad a partir de los 18 años. El gobierno mexicano ha vacunado hasta la fecha 56.9 millones de personas con al menos una dosis —el equivalente al 64 por ciento de la población adulta—.
Excelsior
