La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó e impuso multa millonaria a María Cristina García Cepeda, exsecretaria de Cultura en el sexenio de Peña Nieto, así como a dos de sus ex funcionarios de alto rango, por provocar un daño al erario al otorgar recursos para el proyecto “Museo de Museos” que nunca se concretó.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros dijo que con ello se está “acabando con la impunidad en el indolente manejo de los recursos públicos durante el régimen neoliberal”.
“Asumimos nuestra responsabilidad como garantes de que el erario verdaderamente se destine a brindar resultados a la población”, afirmó Sandoval Ballesteros.
El exoficial Mayor y la exdirectora General de Administración de la SFP autorizaron de manera irregular donativos por 59 millones de pesos para el proyecto “Museo de museos”.
La dependencia impuso inhabilitación de 10 años y multas resarcitorias por casi 20 millones de pesos a cada una de las personas responsables.
Según la investigación de la SFP, los funcionarios entregaron los recursos para el proyecto sin contar con la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para realizar trabajos en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado.
“La entrega de estos donativos, uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables”, detalló.
La SFP explicó que el procedimiento sancionatorio inició luego de que, en una reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en noviembre de 2018, el OIC se percató de posibles irregularidades en el otorgamiento de los donativos.
“Desde el inicio de esta administración, el OIC se abocó a la investigación, para la cual también practicó una auditoría, brindando siempre a los involucrados todas las garantías para su defensa, y resolviendo que no cumplieron con las responsabilidades inherentes a su encargo, lo que es sancionado por el Artículo 8, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos”, agregó.
La extitular de Cultura es la segunda secretaria de Estado de la Administración pasada en ser sancionada por la actual Función Pública.
La primera fue Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien fue inhabilitada en septiembre de 2019 por un periodo de 10 años por falta de veracidad en su declaración patrimonial.
“A diferencia de otros tiempos, cuando los funcionarios no tenían que rendir cuentas por el ejercicio de sus funciones, nosotros no permitimos que queden impunes los abusos del servicio público, nos esforzamos por sancionar la corrupción en los niveles más altos y barrerla de arriba hacia abajo”, advirtió la secretaria Sandoval Ballesteros.
Con información de López Dóriga Digital
