El Ministerio Público Federal obtuvo 46 nuevas órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa en contra de servidores públicos de Guerrero, relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en septiembre de 2014; ya ha enviado nuevos restos óseos que podrían pertenecer a los normalistas a la Universidad de Innsbruck para su identificación, y solicitó la colaboración de la Interpol con el fin de localizar y detener al que fue titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien huyó de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a los 46 funcionarios de diversos municipios guerrerenses los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, por hechos que no habían sido investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la entonces Procuraduría General de la República (PGR), es decir, entre 2014 y hasta antes del primero de diciembre de 2018.
La información dada a conocer refiere que las 46 “órdenes de aprehensión se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la PGR; entre ellos, Tomás ‘Z’, quien huyó del país, y que ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional, y su extradición correspondiente”.
Asimismo, el Ministerio Público Federal logró la aprehensión de José Ángel N, El Mochomo, integrante de la organización delictiva Guerreros Unidos, grupo al que se imputa la desaparición de los 43 normalistas.
A José Ángel Casarrubias se le señala como un participante de gran notoriedad en este caso.
Durante un mensaje a los medios de comunicación, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, hizo un recuento de este caso, en el cual en septiembre de 2014 las autoridades consignaron a diversos funcionarios relacionados con la desaparición de los normalistas, pero fueron puestos en libertad en distintas fechas en virtud de la inconsistencia y parcialidad de las acusaciones, así como la comisión de actos que violaron sus derechos humanos, entre ellos detención arbitraria, tortura, dilación en las puestas a disposición y vulneración de los derechos de la defensa.
El funcionario indicó que hubo servidores públicos de la extinta PGR que ocultaron pruebas suficientes que hubieran permitido conocer, de manera fehaciente, el destino de las víctimas.
Por ello, en 2019, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, se iniciaron nuevas investigaciones y ello ha permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos. Incluso, se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta administración y nueva investigación, sobre los cuales se esperan resultados de inmediato.
Se dio a conocer que a finales de esta semana se espera judicializar a otros funcionarios de diversos niveles, así como proporcionar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck.
La Jornada
