Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la política energética de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), toda vez que concedió una suspensión a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). tras interponer una controversia constitucional.
La Cofece señaló que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que emitió la Sener el pasado 15 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), violenta los principios de competencia y libre concurrencia que están ordenados en la Constitución, lo que invade su esfera competencial y afecta su mandato constitucional.
En lo que resuelve la constitucionalidad del acuerdo, la SCJN concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que la semana pasada presentó una controversia constitucional con la clave 89/2020.
«El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”, apuntó.
El ministro de la SCJN emitió un acuerdo, tras admitir a trámite la controversia, con el que suspendió “todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política”.
La Cofece indicó que la Política se contrapone a los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, y a las leyes aplicables en materia de electricidad que establecen competencia en la generación y suministro de electricidad.
«La Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica”, explicó.
El organismo había solicitado a la SCJN pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado, en perjuicio del mandato que corresponde tutelar a la Cofece y del bienestar de los consumidores.
Esta es la primera vez que la Suprema Corte reacciona a la política de la Sener.
En el último mes, jueces federales suspendieron de modo indefinido este acuerdo y el del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, tras un amparo de la asociación Defensa Colectiva y otro de Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Con el argumento de garantizar la “confiabilidad” y “estabilidad” del sistema eléctrico, ambos acuerdos restringen las energías renovables por considerarlas “intermitentes” para priorizar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La Cofece, el organismo antimonopolios de México, impugnó la política de la Sener ante la SCJN porque “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución”.
En particular, la Cofece consideró que es “contraria” a los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, así como a las leyes del sector eléctrico.
La SCJN admitió a trámite el recurso de la Cofece el jueves pasado, aunque lo notificó de manera pública este lunes.
“La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, explica la notificación.
Empresarios mexicanos expresaron alivio este lunes tras conocer la decisión de la Corte.
“Una muestra clara de la importancia de la división de poderes en beneficio de los ciudadanos”, manifestó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha denunciado que hasta 14 % del PIB está en riesgo por el conjunto de las nuevas políticas energéticas.
Por estas acciones peligran 44.000 millones de dólares de inversión y 81.500 empleos en México, según las asociaciones de productores renovables.
La SCJN otorgó un plazo de 30 días hábiles para la respuesta de la Sener, que no se ha pronunciado sobre esta decisión en específico, aunque ha prometido una defensa legal de su acuerdo.
-Con información de EFE
