La política de combate a la corrupción declarada por el gobierno federal ha tenido efecto sólo en la percepción de que esta práctica bajó durante el año pasado, al compararle con 2017; sin embargo, en el número de población afectada directamente por esta práctica hubo “un incremento estadísticamente significativo”, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante 2019 la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1 por ciento en 2017 a 87 por ciento en 2019.
Sin embargo, la prevalencia de esos actos se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019; mientras la tasa de casos nuevos pasó de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019.
Esta información contenida en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) contempla actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y deja de lado las prácticas en unidades económicas.
De acuerdo con el organismo, los incrementos en hechos reportados de corrupción dispararon también en 64.1 por ciento el costo total de este problema. En 2019 la suma ilícita de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12 mil 770 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada. En 2017 resultó en 7 mil 780 millones y 2 mil 450, respectivamente.
Inegi reportó que las mayores experiencias de corrupción se estiman en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2 por ciento de los casos, seguido de otros pagos, trámites o solicitudes –como el pedir una carta de antecedentes penales, licencias, servicios administrativos en servicios de salud y empleo (pensiones, incapacidades, préstamos) y conexión o reconexión de energía eléctrica– donde alcanza 44.9 por ciento. Y también destaca el sistema judicial.
En Guanajuato –estado marcado por la violencia– la prevalencia de corrupción se disparó 80.6 por ciento en los últimos dos años; le siguieron Puebla con un incremento de 63.9 por ciento y Durango con 58.6. Por otro lado, en Chihuahua cayó 40 por ciento, en Tabasco, 41.2 y en Zacatecas, 38.1 por ciento.
En cuanto incidencia resulta algo similar, en Guanajuato se disparó 161.2 por ciento, 100.6 por ciento en Puebla, Quintana Roo, 60.4 y en el Estado de México, 59.6. Mientras se redujo en Baja California Sur, Nuevo León y Zacatecas, en 46.7, 36.2 y 34.2 por ciento, respectivamente.
Esas entidades fueron donde se registraron los mayores movimientos, pero aquellos donde la corrupción está más extendida, con tasas por arriba de los 50 mil habitantes de cada 100 mil son Guerrero, Durango y Coahuila.
La Jornada
