El Poder Judicial de la Ciudad de México inició esta semana procesos de revisión de casos de personas vulnerables en reclusión para ser incluidos en el programa de libertades por razones humanitarias, a fin de que obtengan una libertad anticipada y evitar un riesgo durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.
En un comunicado, informó que la Comisión de Justicia para Adolescentes del pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió un acuerdo administrativo que modifica la medida de sanción en internamiento impuesta a cuatro adolescentes por la de estancia domiciliaria, quienes tendrán que acudir a llamado judicial una vez que se reanuden las labores en el órgano judicial capitalino.
La resolución se emitió para garantizar el interés superior del menor, su derecho a la salud, y en apego al principio de humanidad en las sanciones, frente a la emergencia sanitaria en el país; también en atención a que el sector de los adolescentes es considerado vulnerable y debe ser atendido.
Además, la Comisión de Justicia para Adolescentes instruyó y habilitó a jueces de Ejecución de medidas sancionadoras para tomar medidas emergentes con motivo de la pandemia.
Por otra parte, el máximo órgano de impartición de justicia tiene implementadas medidas para garantizar la salud de las personas imputadas consignadas ante los jueces penales, en coordinación con representantes de la Secretaría de Salud local, cuyo personal les realiza diagnósticos para prevenir una eventual propagación del COVID-19. Hasta el momento no se ha tenido conocimiento de ningún caso de contagio.
«Entre las medidas que se toman están las de provisionamiento de gel antibacterial, guantes y cubrebocas al imputado, así como su aislamiento de familiares y del personal judicial. A esto se suman las medidas sanitarias ordenadas desde el pasado 18 de marzo en el Poder Judicial, como la sanitización constante de las salas de oralidad donde se llevan a cabo las audiencias, y demás áreas», puntualizó.
Excelsior
