El gobierno de España aprueba varios impuestos a negocios y transacciones bursátiles digitales, aunque retrasará su aplicación entre amenazas de EU de represalias arancelarias
MADRID.
El gobierno de España aprobó hoy la creación de un impuesto sobre los beneficios de los gigantes digitales pero, como ya hizo Francia, retrasará su aplicación hasta finales de año entre amenazas de Estados Unidos de represalias arancelarias.
España no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado. Hay que avanzar hacia una fiscalidad propia del siglo XXI, que recoja esa nueva variedad de actividad, que se adapte a la globalizacion en un mundo cada vez mas digitalizado», declaró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa.
La popularmente conocida como ‘tasa Google’ buscará «evitar la competencia desleal con los negocios tradicionales», explicó Montero.
El proyecto de ley ya había sido aprobado a principios de 2019 por el gobierno de Pedro Sánchez pero no pudo aplicarse por la convocatoria de dos elecciones legislativas ese año que, finalmente, permitieron al socialista formar una coalición con la izquierda radical de Podemos en enero.
De forma similar al impuesto adoptado en Francia hace un año, Madrid tasará en alrededor del 3% los beneficios generados por ciertas actividades como la publicidad en línea, las plataformas de venta de bienes y servicios o la venta de datos recogidos a partir de las informaciones aportadas por los usuarios.
«De forma excepcional, durante este primer año, la declaración de ingresos no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre» con tal de disponer de «un margen para lograr un acuerdo internacional» sobre la tasación de los negocios digitales en el marco de las negociaciones dirigidas por la OCDE, precisó la ministra.
En plena disputa con Washington, que juzga este impuesto discriminatorio, Francia decidió a finales de enero retrasar los pagos para 2020 para conseguir que los estadunidenses suspendan las sanciones comerciales que amenazaban de aplicar sobre productos como el vino francés.
Los criterios impositivos de esta tasa en España «en ningún caso son discriminatorios en función de la nacionalidad o del tipo de empresa», dijo la ministra española.
Solo las compañías con al menos 750 millones de euros de facturación anual en el mundo ó 3 millones en España se verán afectadas.
España espera recaudar 968 millones de euros gracias a este nuevo impuesto, además de otros 850 millones por una tasa sobre las transacciones financieras aprobada también este martes.
Excélsior
