El Senado de Italia aprueba de forma definitiva un decreto antiinmigración que impone multas a las ONG que salvan vidas en el mar, impulsado por el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini
El Gobierno italiano aprobó un cuestionado decreto antiinmigración que impone multas a las ONG que salvan vidas en el mar, impulsado por el ministro del Interior, Matteo Salvini, de cuya ratificación dependía la estabilidad y continuidad del Ejecutivo.
El decreto fue aprobado definitivamente en el Senado con 160 votos a favor, 57 en contra y 21 abstenciones, y hasta el último momento sobrevolaron los temores de que pudiera ser rechazado, lo que habría provocado la caída del Ejecutivo de la ultraderechista Liga Norte y del Movimiento Cinco Estrellas (M5S).
Salvini, que participó en la votación en calidad de senador, celebró inmediatamente la aprobación de la norma agradeciéndole a la Virgen María.
El Decreto Seguridad, con más poder a las fuerzas del orden, más controles en las fronteras, más hombres para arrestar a mafiosos y camorristas, es ley. Os lo agradezco a vosotros, italianos, y a la beata Virgen María», escribió en sus redes sociales.
En la votación se abstuvo la Forza Italia de Silvio Berlusconi, la ultraderechista Hermanos de Italia no participó al considerar el texto demasiado blando, y seis senadores del Cinco Estrellas se ausentaron en disconformidad con el texto.
La norma, aprobada en la Cámara de los Diputados el pasado 25 de julio, entre otras cosas introduce multas en caso de entrar en aguas italianas a las ONG que salvan inmigrantes en el Mediterráneo central, a las que Salvini acusa de favorecer la inmigración clandestina.
Establece que el ministro del Interior puede limitar o prohibir la entrada de naves en aguas territoriales italianas por motivos de seguridad y las multas pueden alcanzar el millón de euros para los comandantes de incumplan esta disposición, superiores a las sanciones estipuladas en un decreto previo sobre seguridad.
Además prevé mayores inversiones para combatir la inmigración irregular y la mafia, nuevas contrataciones de agentes policiales o se prohíbe la entrada a los recintos deportivos a quienes ataquen a los árbitros o protagonicen incidentes violentos en el extranjero.
El decreto fue emanado por el Consejo de Ministros el 11 de junio y debía de ser refrendado por el Parlamento en un plazo de 60 días, por lo que era preciso hacerlo antes del 13 de agosto.
Y no era una votación cualquiera, ya que el Gobierno de la Liga de Salvini y del M5S sometió el decreto a una votación de confianza, es decir, que si no pasaba el Ejecutivo caería.
La oposición de izquierdas se ha mostrado enormemente preocupada por esta nueva ley y ha reprochado al Cinco Estrellas que se haya plegado a los deseos del ultraderechista Salvini.
Una de las voces más duras fue la del presidente del Senado en la pasada legislatura y legislador de la izquierdista Libres e Iguales, Pietro Grasso, quien reprochó que el Gobierno «humilla» al Parlamento al impedir el debate sobre este decreto.
Por su parte el secretario general del PD, Nicola Zingaretti, lamentó la aprobación del texto y llamó «esclavos» al M5S, mientras que sus senadores gritaron «vergüenza» y votaron con camisetas en las que pedían «no acabar con la humanidad».
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