Cada vez más estados del país permiten esta práctica para enfermos terminales
Cada vez más, las leyes locales en Estados Unidos entran en debates sobre prácticas de suicidio asistido médicamente.
A principios de junio, Maine legalizó el suicidio asistido médicamente, convirtiéndose en el octavo estado en permitir que pacientes con enfermedades terminales pongan fin a su vida con un fármaco recetado.
La gobernadora demócrata Janet Mills, que anteriormente se había manifestado insegura en torno al proyecto de ley, lo autorizó.
El suicidio asistido se trata de que la medida sea ejecutada por el paciente, quien cuenta con ayuda de alguien más que le proporciona los medios para hacerlo. Es decir, la persona se administrarán los medicamentos que pongan fin a su vida.
Oregon fue el primer estado en legalizar el suicidio asistido en 1997, y pasó más de una década antes que un segundo estado, Washington, lo aprobará.
Desde ese año, 750 personas se han beneficiado de esa ley, y han muerto con ayuda de un médico.
Incluso ciudadanos de otros estados se han mudado a esa entidad para poder llevar a cabo la práctica.
Si bien sigue siendo polémica, la legislación de suicidio asistido gana cada vez más aceptación en Estados Unidos, y este año al menos 18 estados sopesaron aplicar medidas así.
La ley de Maine permitiría a los médicos recetar una dosis fatal de fármacos a pacientes con enfermedades terminales. La legislación señala que la obtención o el suministro de medicinas que pongan fin a la vida no son considerados un suicidio bajo las leyes del estado, y por ende legaliza tales prácticas, que suelen ser llamadas suicidio asistido médicamente.
La propuesta había fracasado en una ocasión en una votación a nivel estatal y al menos siete veces previas en la Legislatura. El actual proyecto de ley fue aprobado apenas por un voto en la Cámara de Representantes, y por un ligero margen en el Senado.
Maine se suma a otros siete estados, que cuentan con leyes similares, de acuerdo con el Centro Nacional por una Muerte con Dignidad y el Fondo Político por una Muerte con Dignidad. Los estados son: California, Colorado, Hawái, Oregon, Vermont, Washington y Nueva Jersey, cuyo gobernador firmó la ley a principios del presente año.
Montana no cuenta con una ley específica al respecto, pero la Corte Suprema estatal falló en 2009 que los médicos podrían usar una petición del paciente para recibir un medicamento que ponga fin a su vida como defensa contra cargos penales.
La población de Maine posee la edad media más alta y, como en otros estados, la propuesta ha puesto en evidencia divisiones que desafiaron las posturas partidistas.
Los partidarios afirmaron que los pacientes en estado terminal deberían tener el derecho de morir en paz.
Polémica y dolor
En 2014, la joven de 29 años Brittany Maynard puso fin a su vida, después de casi un año de enfrentar un cáncer cerebral.
“Adiós a todos mis queridos amigos y la familia que amo. Hoy es el día que he elegido para morir con dignidad debido a mi enfermedad terminal, este cáncer cerebral terrible que se ha llevado tanto de mí… pero que se podría haber llevado mucho más”, escribió la joven en su cuenta de Facebook el 1 de noviembre de ese año.
Maynard se había convertido en una activista por la muerte digna.
El puertorriqueño Miguel Carrasquillo murió en 2016, después de ser diagnosticado con un tumor cerebral.
Al enterarse de su diagnóstico se convirtió en un activista por la muerte digna. Incluso lanzó campañas en español para pedir a los legisladores de su país discutir el tema.
“Mi legado quiero que sea que las personas podamos tener el derecho de morir dignamente… Le pido a los latinos que luchen por el final de la vida. Evitar el sufrimiento es lo que yo quiero” dijo en un video que grabó con su celular 10 días antes de morir.
Con su caso, revivió el debate.
“No quiero que nadie más sufra innecesariamente como lo hizo Miguel y nuestra familia”, dijo Nilsa, su madre.
Excélsior