Con el número de legisladores suficiente del partido en el gobierno en la Cámara de Diputados, la LXIV Legislatura no pretende emprender una reforma político-electoral completa, como sí lo hicieron los diputados federales en 2007 y 2014, a la llegada de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto a la Presidencia.
En contraste, en San Lázaro se apuesta por pequeñas pero focalizadas reformas que modificarían, principalmente, el financiamiento público a los partidos políticos, controlen el acceso a tiempos oficiales, disminuyan la lluvia de spots en periodos electorales, eviten las afiliaciones masivas y compacten la conformación del Congreso de la Unión.
En lo que va de la presente Legislatura se han presentado 25 iniciativas. En las más recurrentes se encuentra modificar el financiamiento público a los partidos políticos. La de mayor relevancia fue la propuesta por Mario Delgado, coordinador de Morena, y Tatiana Clouthier, para reducir 50% del financiamiento público que recibirán anualmente los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.
En las propuestas más recurrentes se encuentra sancionar la violencia política de género, incluso proponen declarar la nulidad de una elección cuando se acredite que los partidos políticos o candidatos cometieron violencia política de género durante el proceso electoral, y establece como requisito para ser Presidente de la República o legislador federal no haber sido sancionado, mediante sentencia firme, por este tipo de violencia.
Hugo Rafael Ruiz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presentó una reforma a la Ley General de Partidos Políticos para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en cargos de elección popular, la cual ordena a los organismos políticos cumplir con un porcentaje mínimo de 5% en las candidaturas a puestos de elección popular federales y locales reservados a personas con discapacidad.
El PAN, por su parte, planteó una reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual busca sancionar con penas de tres a siete años y de 60 a 200 días de multa a quien realice, promueva, autorice, gestione o participe en actos de afiliación masiva, colectiva o corporativa de ciudadanos en los partidos políticos o manipule indebidamente sus padrones de afiliados.
Excelsior
