La nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP) tendrá desde la ley facultades de coadyuvancia con los estados y municipios, en un esquema similar al mando único policial.
“Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México que soliciten apoyo, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes.
“Reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquéllas que impliquen violencia o riesgo inminente”, precisa el proyecto de dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública.
El documento, distribuido ayer entre los integrantes de las comisiones de Gobernación del Senado y de la Cámara de Diputados, dado que trabajarán en conferencia para acelerar el proceso legislativo que origine la nueva estructura del gobierno federal, detalla que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana puede concretar acuerdos para la acción interinstitucional contra la inseguridad.
“Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas con las estatales, municipales y de la Ciudad de México, para la coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación”, precisa.
El proyecto de dictamen confirma la desaparición del Cisen y el nacimiento de Centro Nacional de Inteligencia, que será organizado, dirigido y supervisado por la Secretaría de Seguridad Pública, la cual también tendrá en sus funciones la operación del Sistema Nacional de Protección Civil, que dejará de ser de la Secretaría de Gobernación.
Entre sus facultades, la nueva Secretaría podrá “proponer, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; efectuar, en coordinación con la Fiscalía General de la República, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito”.
Fuente: Excélsior
