viernes, abril 26, 2024
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Necesario impulsar políticas públicas contra la discriminación en Querétaro

Tras darse a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2017, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el representante en Querétaro de SOS Discriminación, Edmundo Ramos, dio a conocer que en la entidad prevalece la discriminación contra los jóvenes, el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, y las mujeres.

Destacó que en los tres puntos es necesario impulsar políticas públicas con las legislatura y administraciones entrantes para combatir dicha situación, en el caso de los jóvenes dijo que es una tarea pendiente, pues sufren altos grados de discriminación sobre todo en los lugares de trabajo, donde no se les brindan condiciones dignas y se abusa de ellos, afirma que el prejuicio de que son «irresponsables» fortalece la discriminación.

“Creo que las políticas públicas en el campo laboral y de los jóvenes particularmente, deben revisarse. También es una tarea pendiente que los diputados y las diputadas, y los gobiernos tendrían que ver, porque los jóvenes se están desgastando por la discriminación y por el abuso que está habiendo hacia ellos y cómo queremos que nuestra sociedad mejore si ellos están siendo discriminados, si no están pudiendo tener un desarrollo, precisamente porque se abusa de ellos, y no se les brinda las condiciones para que se desarrollen y precisamente el prejuicio de que son irresponsables fortalece el abuso hacia ellos”, apuntó.

Respecto al tema de la diversidad sexual, indicó que se han presentado avances importantes en la entidad; no obstante se debe trabajar en la modificación del código civil para reconocer los derechos de todas las personas, asunto que se ha dejado de lado por las tres últimas legislaturas.

En ese sentido compartió que en la agenda de las organizaciones civiles se ha planteado el acercamiento con la legislatura entrante para abordar dicho tema y de no garantizar el derecho a la no discriminación podrían considerar acciones legales contra los integrantes del Congreso.

Por: Iraí Silva

 

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