El Cártel de “Los Zetas” en Tamaulipas realizo pagos de 80 mil pesos semanales a diversos integrantes de organismos de Derechos Humanos en la entidad, principalmente en el municipio de Nuevo Laredo, para la promoción de denuncias en contra de los elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por supuestas desapariciones de jóvenes.
De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/VEITA/073/2015 que se inició el 23 de marzo de 2015 con la detención de Ramiro Pérez Moreno, alias el “Ramas”, señala directamente al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, de recibir semanalmente 5 mil dólares para esconder a integrantes de la organización delictiva en sus oficinas, realizar movilizaciones en contra de las Fuerzas Armadas e interponer denuncias contra los elementos militares.
Las declaraciones de Ramiro Pérez Moreno, alias el “Ramas”, «7-4», o «El Rama», jefe de Plaza de Nuevo Laredo, sucesor directo de Omar Óscar Treviño Morales, “Z-42” y/o L-42, detenido el 4 de marzo de 2013 en Nuevo Laredo, están sustentadas con los testimonios de Carlos Norberto Hernández Quilantar, alias el “Pato”, jefe de Plaza de Nuevo Laredo y Humberto Eleuterio Gutiérrez Martínez, alias el “Sonrics”, jefe operativo de la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Durante su declaración ante el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Pérez Moreno detalló el pago directo al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo por incomodar a la SEMAR.
El ”Ramas”, acusado y procesado por haber ejecutado a más de 32 personas, además de delincuencia organizada, secuestros, extorsiones y contrabando en los municipios de Villa Unión, Guerrero, Hidalgo y Coahuila, así como la transferencia de drogas a Estados Unidos y armas a México, agregó en su declaración la protección que les brinda Raymundo Ramos en Nuevo Laredo.
Agregó que la intención de las manifestaciones que se realizan en el municipio, utilizando a familiares de supuestos desaparecidos, “es con el fin de presionar al Gobierno federal para que se retiren las Fuerzas federales”.
Fuente: Excélsior
