A casi dos años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), ninguna de las 32 entidades federativas del país cumple con el modelo de evaluación de las personas procesadas, ni verifica que sigan las medidas que les imponen los jueces, diferentes a la prisión preventiva, revela un documento de la Secretaría de Gobernación (Segob).
De esa labor se encargarían las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (Umecas).
Entre las principales deficiencias están que no verifican el acatamiento de las medidas que imponen los jueces a los imputados o procesados, como el uso de brazaletes, el presentarse a firmar periódicamente, no salir de un estado o del territorio nacional, así como evitar el contacto entre víctimas o testigos con victimarios durante el proceso.
El diagnóstico menciona que ningún estado cumple con los cuatro ejes rectores del modelo: Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento, Procesos y Manuales, así como Gestión de Calidad.
Según el estudio realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y ProJusticia se evaluó a las entidades tomando como referencia una escala del 0 al 5.
Los resultados indican que en el tema de Recursos Humanos la calificación es de 3.2%; en Infraestructura y Equipamiento, 2.4; Procesos y Manuales, 4.3, y Gestión de Calidad, 3.2.
Una de las entidades peor evaluadas, según el Autodiagnóstico Nacional 2017, publicado el pasado 26 de abril, es Nayarit, la cual presenta cero avances en Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento, Procesos y Manuales, mientras que en Gestión de Calidad tiene un avance “leve” o las autoridades sólo tienen una “idea o noción” de lo que hacen.
Otros estados con mínimos avances son Campeche, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Sonora y Veracruz. La única entidad que presenta un avance alto es Baja California Sur.
“El autodiagnóstico se realizó con base en los tres ejes rectores que contempla el Modelo Homologado de Umecas, así como un eje de ‘Gestión de Calidad’. Cada eje fue modelado en estándares y criterios para hacer medible el avance de las entidades federativas”, menciona el informe.
Entre las debilidades detectadas se encuentra que los estados carecen de personal, no hay una representación en los distritos judiciales o centros de justicia, no tienen manuales, no todo el personal cumple con los requisitos de ingreso y permanencia, o carecen de herramientas de planificación operativas y estratégicas.
Uno de los problemas que origina la falta de cumplimiento del modelo homologado de las Umecas es que las personas a las que se les imponen las medidas cautelares no cumplen con ellas, ya que nadie las vigila, los procesados no se comprometen o tienen problemas de adicciones.
Fuente: Excélsior
