En el primer trimestre de 2018, 39.1% de la población no pudo adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral de su hogar, lo que implicó una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto al 41.0% registrado en el último trimestre de 2017, con lo cual el indicador sumó dos trimestres seguidos de reducciones, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Así, la población en condición de pobreza salarial pasó de 50 millones 880 mil a 48 millones 596 mil en el lapso mencionado, es decir una reducción 2 millones 284 mil personas. De acuerdo con el Coneval, la mejora trimestral estuvo asociada a la desaceleración de la inflación en este periodo, pues, con base en datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el cuarto trimestre de 2017 su nivel fue de 6.6% anual, tasa que se redujo a 5.3% en el primer trimestre de este año.
En este sentido, destacó que el costo de la canasta alimentaria tuvo un incremento marginal. “Disminuyó 0.2% en las zonas rurales y aumentó 0.2% en zonas urbanas respecto al cuarto trimestre de 2017”, expuso. El organismo encargado de medir la pobreza y evaluar la política social del país manifestó que otro factor que ayudó en la reducción de la pobreza laboral en el trimestre fue la disminución del número de desocupados, rubro en el que hubo 116 mil 936 menos en esta situación respecto al cierre de 2017.
Pese al impulso en la reducción de la pobreza salarial en enero-marzo de este año, no fue suficiente para ubicarse en un nivel inferior al del mismo periodo del año anterior, pues el 39.1% de la población estuvo por encima del 38.9% observado en el primer trimestre de 2017. El Coneval explica que la pobreza salarial se mide a partir del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), que sirve para observar la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares respecto al costo de la canasta alimentaria. Sin embargo, alerta que esta medición no constituye la pobreza oficial, toda vez que no incluyen todas las dimensiones y conceptos que señala la Ley General de Desarrollo Social.
Fuente: Excelsior
