Marco Antonio Baños, consejero del INE, llamó a los legisladores a hacer los cambios necesarios para “homogeneizar” los topes de campaña en elecciones a nivel federal y local.
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la facultad de dar seguimiento al uso de los recursos en procesos electorales, que se movilizan a través de la banca; sin embargo, el circulante en efectivo no es un dinero que se pueda fiscalizar, reconoció el consejero Marco Antonio Baños.
Al participar en un foro sobre financiamiento electoral organizado en la Cámara de Diputados, el consejero Baños llamó a los legisladores a hacer los cambios necesarios para “homogeneizar” los topes de campaña en elecciones a nivel federal y local.
“El INE no tiene restricción con el secreto bancario o fiduciario. El INE puede pedirle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cualquier información respecto de las cuentas absolutamente de todos los candidatos y de las personas cercanas a los candidatos, pero en el caso concreto de los dineros que en efectivo pudieran fluir a las campañas, esa parte no la tiene obviamente el Instituto Nacional Electoral como una posibilidad. Entonces creo que vale la pena en otro momento hacer una revisión”, dijo.
Tras rechazar que la fiscalización del INE sea “timorata”, como señalaron especialistas invitadas al foro, aclaró que si las investigaciones sobre uso irregular de recursos en campañas tardan años, es porque las instancias involucradas no entregan oportunamente los elementos requeridos.
Como ejemplo, refirió las indagatorias sobre el financiamiento presuntamente irregular en la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012, que habría contratado a una empresa sin registro denominada Asismex, a través de la que se dispersaron los pagos a los representantes del tricolor, a través de tarjetas.
Recalcó que en la investigación, resultó que no solo el PRI sino los demás partidos emplearon ese tipo de dispersión de recursos, y tardó cinco años porque el banco involucrado, Bancomer, entregó la información del caso hasta diciembre del 2017.
“La dispersión de dinero que Bancomer había hecho no era solamente para un partido político, sino era para todos los partidos políticos que tenían registro en la contienda del 2012, y por consecuencia el Instituto pudo multar. Y aquí no acompaña alguna expresión de la doctora Sandoval en el sentido de que el Instituto multa de manera timorata, hemos multado conforme a criterios del Tribunal y siempre el dinero que está significado en una operación de esta naturaleza se multa al 150 por ciento”, justificó.
“¿Qué significa? Que los partidos políticos pueden contratar con la banca, cualquiera que esta sea, la forma de entregar el dinero a los representantes de partidos. Se hizo también con el caso del Monex, en otro momento, donde hubo un contrato de dispersión que fue triangulado por el PRI con dos empresas que contrataron esos monederos y a través de esos monederos se pagó digamos el salario, la dieta que los partidos entregan a su representantes en las mesas directivas de casilla”, explicó.
Respecto al gasto en redes sociales en esta elección, subrayó que es donde más intensamente está fluyendo la propaganda electoral, y por ello, se está auditando el dinero que se paga a plataformas como Facebook para colocar propaganda que tentativamente podría llegar a un universo de aproximadamente 80 millones de usuarios.
Afirmó que en ese caso, se están auditando los contratos específicos para saber cuánto les ha costado a los candidatos y sus partidos subir propaganda a esa red, y cuánto se están acercando a los topes de campaña.
Indicó que generalmente, es en la fase final de las campañas cuando los partidos y candidatos entregan la mayor parte de la información sobre el uso del financiamiento, insumo indispensable para que el órgano electoral avance en la fiscalización.
También hizo un llamado al Congreso de la Unión a legislar en materia de topes de campaña, a fin de “homogeneizarlos” y así, permitir que el seguimiento al uso de recursos públicos, privados o de otras fuentes, sea más ágil.
De lo contrario, indicó, se seguirán registrando episodios como el de la elección de gobernador en el Estado de México, donde hubo un “detalle importante”: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección cuando no se había concluido la revisión quejas en materia de fiscalización.
Lo anterior, debido a que los magistrados consideraron que era viable declarar la validez de la elección, debido al alto monto del tope de gastos de campaña fijado por la autoridad electoral.
Foto: Especial
Fuente: MVS
