La policía militar allanó el martes la residencia del expresidente hondureño Porfirio Lobo, desarmó a seis guardaespaldas y arrestó a su esposa acusada de corrupción, informaron las autoridades. Numerosos policías en seis automóviles blindados ingresaron en la madrugada a la residencia en las afueras de Tegucigalpa, la capital y luego de dos horas salieron con la exprimera dama Elena Bonilla y su cuñado Mauricio Mora. Ambos fueron trasladados al Ministerio Público donde son interrogados.
La policía no indicó si Lobo estaba en ese momento en la casa de la aldea El Chimbo, a unos 10 kilómetros al este de Tegucigalpa. Hoy es un gran paso contra la impunidad», escribió en su cuenta de Twitter la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos. Castellanos y su equipo investigaron el caso de Bonilla por dos años y presentaron las evidencias a la fiscalía. Odir Fernández, jefe de investigaciones del CNA, dijo la semana pasada en rueda de prensa que Bonilla depositó unos 600 mil dólares de fondos públicos en su cuenta bancaria personal cinco días antes de que su esposo concluyera su periodo constitucional de cuatro años en enero de 2014.
Informó además que la mujer, de 48 años, no ha justificado el destino de al menos 6 millones de dólares que el gobierno entregó a su despacho de primera dama. Julio Ramírez, abogado defensor de Bonilla, dijo a periodistas que «mi cliente es inocente y lo probaré en los tribunales». Una misión especial de la Organización de los Estados Americanos que hace un año investiga la corrupción en Honduras informó que «la señora Rosa Elena Bonilla ha sido capturada tras la investigación realizada por nuestros equipos».
El grupo llegó al país luego de tres meses de masivas protestas a mediados de 2016 en las que los hondureños exigieron al presidente Juan Orlando Hernández combatir la creciente corrupción en su gobierno. El CNA es un organismo no gubernamental integrado por 12 agrupaciones religiosas y civiles. Es usual en Honduras que exfuncionarios estatales sean capturados por supuestamente apropiarse de recursos gubernamentales pero casi de inmediato la justicia los declara inocentes alegando la inexistencia de pruebas o el Congreso aprueba leyes para protegerlos.
Fuente: Excelsior
