De los cuatro agentes capitalinos que detuvieron y liberaron al joven Marco Antonio Sánchez, tres acudieron esta tarde a declarar en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El 23 de enero, el estudiante fue detenido por policías capitalinos en la estación El Rosario del Metrobús, cuando fotografiaba un grafiti, acusado de haber asaltado a una persona. Sin embargo, fue puesto en libertad y los agentes no lo presentaron ante el Ministerio Público, debido a que no le encontraron nada que lo vinculara al supuesto robo.
Días después, el 27 de enero, agentes municipales de Tlalnepantla lo detuvieron mientras deambulaba en actitud sospechosa, pero horas después, a las 22:25, lo liberaron, ya que se determinó que no había cometido ninguna falta. El 28 de enero, a las 21:25 horas, el joven de 17 años fue encontrado en el Fraccionamiento Álamos, ubicado en el municipio de Melchor Ocampo en el Estado de México. El caso del joven de 17 años tiene las dos características de una desaparición forzada: fue privado de la libertad por la policía y dicha privación fue negada por las autoridades, aseguró a Excélsior Julio Jiménez, profesor e investigador de la Universidad La Salle.
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-CDMX) negó sistemáticamente que la de Marco fuera desaparición forzada, agregó el especialista, pues los días 24, 25 y 26 de enero se negó a darle a sus padres los nombres y números de placas de los policías que lo detuvieron. El hecho de que la policía lo privara de la libertad y después lo negara, son los dos elementos que, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, caracterizan una desaparición forzada, afirmó. El abogado detalló que se violaron los derechos humanos de Marco y que los policías violaron la ley.
Cuando lo tiran al piso y lo golpean —en la estación El Rosario del Metrobús— no había justificación para usar ese nivel de violencia: era un sólo joven de 17 años, no estaba armado y los policías no estaban en peligro”, recalcó el experto de La Salle. Explicó que sólo cuando la integridad de policías o víctimas de delitos está en riesgo, es cuando se justifica el uso de la violencia. “No había cometido ningún delito, no había razón para detenerlo”, enfatizó. Un policía sólo puede detener a una persona cuando hay una parte acusadora y esa parte acusadora afirma que la persona en cuestión cometió un delito, pero en la detención en Tlalnepantla, no hubo parte acusadora, ni delito cometido”, explicó.
Fuente: Excelsior
