La Asociación Ecológica de Verificación afirmó que es ilegal el término de las concesiones de 74 verificentros y su salida de operación. Dicho grupo aseguró que el gobierno capitalino no respetó las resoluciones de amparo, emitidas en noviembre de 2017, que impedían la suspensión de operaciones en cinco verificentros, ubicados en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac. El abogado de la asociación, en la que se encuentran 40 de los verificentros que no obtuvieron la renovación para operar, indicó que el gobierno capitalino ignoró las suspensiones definitivas otorgadas por juzgados administrativos federales.
Existen ya cinco amparos, cinco suspensiones, en las cuales la autoridad ha sido omisa en respetarlas, ya estamos tomando cartas en el asunto, ya se promovió lo conducente para exigir a través de los juzgados de distrito que se cumpla con lo que ellos mismos ordenaron y, por lo cual, en su momento podrán ser hasta acreedores de una sanción». Es completamente ilegal, es completamente violatorio de los derechos de los verificentros que estaban operando hasta el 31 de diciembre de 2017″, afirmó Soto. El abogado consideró que, si los juzgados ordenan el respeto a las suspensiones definitivas de estos cinco verificentros, el resto también podrán exigir que no se les retire la concesión.
La Sedema no renovó la concesión a los 74 verificentros que operaban desde los 90, por lo que dejaron de funcionar el 31 de diciembre de 2017 y emitió nuevas concesiones a 55, que abrirán el 1 de julio de 2018 con nuevos criterios ambientales y la inspección físico-mecánica. Como en el primer semestre de 2018 no había verificentros abiertos, la Sedema suspendió el programa seis meses y prorrogó la vigencia de los hologramas otorgados en el segundo semestre de 2017.
El presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, Gustavo Torres, y exempleados de verificentros acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la capital, para presentar una queja sobre violación a sus derechos al trabajo, de audiencia y a un medio ambiente sano. Ante la comisión, los inconformes también interpusieron una inconformidad de índole patrimonial, ya que, dijeron, que cada verificentro perdió cerca de 20 millones de pesos en equipo e instalaciones.
Fuente: Excelsior
