La negativa del Gobierno Federal, de cumplir con su obligación de ministrar los recursos pactados con Chihuahua en los convenios del 14 de diciembre de 2017, mediante los cuales se comprometió a otorgarle 780 millones de pesos adicionales a las asignaciones ordinarias de esa entidad federativa, así como la paralización del proceso que, por deber legal conducen y solo pueden conducir la PGR y la SRE, para detener con fines de extradición al exgobernador César Duarte, quien se esconde en Estados Unidos y es reclamado por la Justicia Local de Chihuahua a través de diez ordenes de aprehensión, son dos temas que, sin duda, confluyen entre sí, bajo un común denominador. Ambos promueven el incumplimiento de la ley, destacó Maclovio Murillo, consejero jurídico del gobierno del estado de Chihuahua.
Precisó que “en la política mexicana es sumamente extraño y no ortodoxo que, ante los reclamos públicos que haga un Gobernador de oposición, sobre incumplimiento de obligaciones legales como las señaladas, sin un análisis informado de la situación, se desechen de tajo los argumentos de la denuncia pública, pues el deber ético y legal es investigar primero; y luego decidir, pues si se invierte el proceso y decide sin investigar, se corre el riesgo innecesario que, de tener razón el reclamante, se quede no solamente en ridículo quien así actúa, si la queja es finalmente fundada; sino además, y de manera principal, que se dé una apariencia pública de ser el autor o protector de las conductas indebidas en que hayan incurrido los subordinados contra quienes versa la queja.
“Si como candidato alguien promueve la violación a la ley, por apoyar el franco incumplimiento de convenios válidamente celebrados entre un Estado y la Federación, y apoya la inacción de los órganos competentes para presentar ante la justicia local a un sujeto que es reclamado con base a diez ordenes de aprehensión, ¿cómo será cuando sea autoridad? ¿Será arbitrario o respetuoso de la ley? Si a un Gobernador, sin pruebas ni argumentos fundamentados, se le trata mentiroso y torturador, solo porque realizó un reclamo al considerar afectados los principios fundamentales del federalismo, ¿qué puede esperar el ciudadano común o un Gobernador, cuando el autor de esas conductas sea Jefe de Estado?
“Entonces, cabe preguntarse, de ganar Meade, ¿cómo piensa gobernar para todos? ¿Solo va gobernar para los del PRI? Creo que es una práctica discriminatoria el desechar quejas o reclamos solo por provenir de personas que no comulgan con nuestra ideología política. Que grave que esto ocurra en pleno siglo XXI y en medio de un proceso en el que las ideas más progresistas son las que debieran acoger los políticos comprometidos con México”.
Fuente: Excelsior
