Los afectados por la clínica iDental denunciaron el fraude de 652 mil 809 pesos, por los tratamientos dentales que dejó inconcluso la empresa española en las tres sucursales de la Ciudad de México. Los pacientes, quienes son en su mayoría adultos mayores, presentaron a la Fiscalía Desconcentrada de Miguel Hidalgo, la relación de pagos que hicieron por diversos tratamientos, que no concluyeron. De acuerdo con el documento los pagos fueron realizados en octubre de este año.
Los adultos mayores que denunciaron un fraude por la empresa española iDental, temen que la responsable legal de la empresa en México identificada como Alejandra Ledezma Lizalde escape del país. Patricia Hernández, quien acudió como asesora provisional de los adultos mayores, consideró que se victimiza a los adultos mayores al no haberse emitido medidas cautelares con base en el nuevo sistema penal acusatorio, en un fraude colectivo del que podrían ser víctimas.
“El juez de control, a través del Ministerio Público, tuvo que pedir medidas cautelares para poder establecer la procuración de justicia y sobre todo garantizar que las personas involucradas no puedan irse a otro lugar”, advirtió. La abogada enfatizó que es urgente que la procuraduría salvaguarde los inmuebles ocupados para los consultorios, expedientes clínicos de los pacientes y patrimonio de la empresa, para garantizar el derecho de las víctimas a la reparación el daño y seguir con sus tratamientos odontológicos.
“Los denunciantes son personas con riesgo de salud. La detención y el embargo de lo que pudiera tener estas empresas es urgente, además de inmediatamente solicitar al juez que haya una audiencia inicial de control en términos de esclarecer si cometieron un delito y empezar un proceso como lo establece el nuevo sistema de Justicia”, argumentó. Karla González Dulché, una de las afectadas declaró que solicitaron que la investigación se hiciera colectiva en el sentido de considerar que es un fraude de gran magnitud en México, con trascendencia internacional al existir denuncias en contra de la empresa en España.
Fuente: Excelsior