La Cámara de Representantes de Colombia aprobó la conformación de un tribunal especial para juzgar y sancionar a los antiguos comandantes de las FARC acusados de cometer delitos de lesa humanidad en medio del conflicto armado, quienes con algunas excepciones podrán participar en política pese a los castigos que reciban.
La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobada el lunes hacia la medianoche, es considerada la columna vertebral para implementar el acuerdo que se firmó hace un año con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que busca acabar un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220 mil muertos. La JEP, que también juzgará y sancionará a militares acusados de cometer crímenes de guerra como desapariciones, masacres y genocidios en medio del conflicto armado, forma parte del acuerdo que permitió a más de 11 mil integrantes de las FARC, incluidos unos 7 mil combatientes, dejar las armas y conformar un partido político.
La ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común rechazó los cambios introducidos por la Corte Constitucional y el Congreso al nuevo sistema de justicia, incluidos la prohibición de juzgar a exfuncionarios del Estado a los que acusa de haber apoyado a los escuadrones paramilitares de ultraderecha. Con las modificaciones, los antiguos líderes y combatientes guerrilleros podrán participar en política, pero enfrentan el riesgo de perder beneficios si cometieron abusos sexuales contra menores de edad, e incluso ser extraditados por crímenes cometidos tras la culminación del proceso de paz.
El presidente de la FARC y ahora candidato presidencial Rodrigo Londoño, denunció que los recientes cambios a la JEP, como el sistema de selección de los magistrados, ponen en riesgo la implementación del acuerdo de paz y evidencian el incumplimiento por parte del Estado. Bajo el nuevo sistema, quienes reconozcan responsabilidad y verdad en infracciones graves de los derechos humanos recibirán una sanción de entre cinco y ocho años, incluyendo restricciones efectivas de algunas libertades y derechos como la movilidad. La imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará la participación en política.
Fuente: Excelsior
