No fue “clara y sencilla” como esperaban en La Moncloa. La respuesta del presidente catalán, Carles Puigdemont, a la pregunta del gobierno de Mariano Rajoy sobre si la semana pasada declaró o no la independencia fue evasiva.
Una calculada falta de concreción que, según el Ejecutivo español, puede tener serias consecuencias: la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que implicaría intervenir el gobierno de Cataluña.
El presidente regional contestó la carta enviada por Rajoy, pero eludió responder con precisión binaria. Lo único que dejó claro es su propuesta de diálogo “sincera y honesta” a la que puso un plazo de dos meses. “Nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar para hallar una solución acordada”, –escribe Puigdemont–. Y propone a Rajoy concretar “lo antes posible” una reunión.
La respuesta de Mariano Rajoy fue casi inmediata. En una misiva le pide al político independentista que “rectifique” y le da de plazo hasta el próximo jueves. Si para ese día Puigdemont no aclara de forma explícita si hubo o no declaración unilateral de independencia el pasado 10 de octubre en el Parlamento, el gobierno español activará los mecanismos para poner en marcha el precepto constitucional.
El texto del artículo 155 prevé que el Ejecutivo español pueda adoptar “las medidas necesarias” para obligar a una Comunidad Autónoma el “cumplimiento forzoso” de sus “obligaciones”; esto, según los expertos constitucionalistas, podría suponer el control político, financiero, de la policía autonómica, e incluso poderes para disolver el parlamento regional.
Excelsior
