Al dar a conocer que en el país 37 prisiones municipales, estatales y federales presentan hacinamiento, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detectó 18 formas distintas a través de los cuales, los internos son extorsionados por parte del penal que trabaja al interior de las prisiones.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) realizada por el Inegi, revela que el 66.4 por ciento dijo entrega dinero para exentar el pase de lista; 50.2 para tener aparatos electrónicos; 37.3 salir al patio de visitas; 35.1 tener agua potable; 30.4 para acceder a un teléfono; 28.9 por contar con servicios de salud; 28.7 por recibir comida; 26.4 por tener cama, colchoneta y cobijas.
Según los datos del Inegi, el 87.4 de los pagos fueron entregados a custodios; 36.1 a internos; 7.8 a personal penitenciario; 6.4 a médicos; 6.3 personal administrativo; y 1.4 dijo que lo entregó a otras personas, pero el estudio no lo detalla.
El temor a padecer represalias, el considerar que la corrupción es común, el pensar que sería inútil, el obtener un beneficio, por pérdida de tiempo, desconfianza a las autoridades o por falta de tiempo, son los principales motivos por los que la población no denuncia la corrupción.
De los 211 mil internos que contabilizaron en 2016, el 39.3 por ciento fue sentenciado por robo; 24 por homicidio; 11.1 por violación sexual; 9.6 portación ilegal de armas de fuego; 8.4 por secuestro; 6.5 por portación de armas de fuego y 3.2 por comercio ilegal drogas.
