La ONU pide al Supremo, en manos del chavismo, que reconsidere su decisión de despojar a la Asamblea Nacional de competencias
La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, muy cercana al Gobierno de Nicolás Maduro, ha denunciado este viernes que las sentencias del Supremo que retiran las competencias a la Asamblea Nacional (el Parlamento) suponen una «ruptura del orden constitucional». La maniobra del alto tribunal —en manos del chavismo—, calificada por la oposición como un “golpe de Estado”, ha desatado protestas en varios puntos del país y también el rechazo de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la ONU. Perú ha retirado a su embajador y Colombia ha llamado a consultas al suyo. Mercosur ha convocado una reunión de urgencia mañana para tratar la “grave situación institucional” en el país.
«En las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ [que vacían de poder a la Asamblea Nacional] se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”, ha reconocido la fiscal Ortega, en el cargo desde 2007 y con mandato hasta 2020. «Es mi obligación manifestar ante el país mi gran preocupación por tal evento», ha dicho este viernes en Caracas, donde se ha desmarcado de la línea oficial del chavismo, que se ha atrincherado en el silencio ante la crítica internacional y se ha limitado a emitir un comunicado en el que denuncia una «arremetida» de «la derecha intolerante y pro imperialista dirigida» por Estados Unidos para «atentar contra el Estado de Derecho» a través de «falsedades e ignominias».
La decisión del miércoles por la noche del Tribunal Supremo, que con el argumento de que la Asamblea está en “desacato” —porque tres diputados cuyo asiento se había impugnado por irregularidades han ocupado su puesto le retiraba sus competencias— ha despertado la tensión en Venezuela. La oposición se está movilizando contra lo ocurrido y ha asegurado que prepara una dura reacción en las calles. Mientras tanto, ha habido pequeñas y espontáneas protestas en varios puntos del país y una movilización de estudiantes en Caracas, donde se han producido disturbios con la policía, que ha detenido al menos a dos personas.
Además, un grupo de diputados opositores se han manifestado ante la sede del Supremo, en el centro de Caracas. “Tenemos que salir, protestar y pelear por nuestros derechos… Vienen días muy difíciles para Venezuela”, afirmó al canal VivoPlay Carlos Paparoni, un parlamentario agredido durante la movilización, reprimida por militares y seguidores del chavismo. También la periodista de Radio Caracol Colombia, Elyangélica González, ha denunciado la agresión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada) mientras cubría las protestas. Un ataque que preocupa al Gobierno de Colombia, que ha emitido un comunicado en el que expresa su “rechazo” ante lo que considera un “ataque al libre ejercicio de la libertad de expresión”.
Hace años que el Gobierno de Maduro es cuestionado por alejarse de los modelos democráticos. La persecución y arresto de opositores, la suspensión de un referéndum para revocarlo, la manipulación del Supremo y del Poder Electoral destacan como los principales signos de autoritarismo. Y ahora el zarpazo a la Asamblea Nacional ha despertado enorme preocupación.
Críticas internacionales
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha instado al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a reconsiderar la resolución contra la Asamblea Nacional. El representante de Naciones Unidas ha expresado su grave preocupación por lo ocurrido en Venezuela y ha subrayado que «la separación de poderes es esencial para que la democracia funcione».
«Los ciudadanos venezolanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante unos representantes elegidos libremente, tal como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», ha advertido el comisionado de la ONU en un comunicado donde ha subrayado que los diputados deben ser capaces de ejercer las competencias que les otorga la Constitución. «Mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para garantizar que los derechos humanos están protegidos», ha dicho.
Argentina ha convocado para mañana sábado una reunión urgente de cancilleres del Mercosur para analizar la «grave situación institucional» que atraviesa Venezuela. La cita, que analizará “posibles vías de solución” se desarrollará previsiblemente en Buenos Aires. Los ministros de Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay —los países fundadores del Mercado Común del Sur (Mercosur)— suspendieron a Venezuela como Estado miembro del Mercosur el pasado 1 de diciembre, acusado de incumplir sus compromisos comerciales y políticas con el bloque, lo que Caracas niega.
Además, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha pedido que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Almagro reclama una sesión de «apreciación colectiva de la situación» y para «adoptar las decisiones que se estimen convenientes», según la carta de petición y a la que tuvo acceso Efe
El jueves, entre una avalancha de críticas internacionales al Gobierno de Nicolás Maduro, el presidente Mauricio Macri llamó «a recomponer el orden democrático» en Venezuela e insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral, informó un comunicado. Macri recibió a Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López, a quien «manifestó su preocupación por la disolución de la Asamblea Nacional».
Es una más de las críticas internacionales que ha recibido el Gobierno de Maduro por su última maniobra, que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani (Partido Popular Europeo), ha calificado de «retroceso democrático». Colombia se ha mostrado seriamente preocupada por la deriva del país vecino. Ha llamado este viernes a primera hora a su embajador en Venezuela para que «informe» de la situación. El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, dijo este viernes que en Venezuela se ha producido un «rompimiento absoluto del estado de Derecho» y que países de Unasur trabajan para emitir un comunicado de condena por lo ocurrido el miércoles, cuando el Tribunal Supremo asumió las competencias del Poder Legislativo.
«Esto ya es un rompimiento absoluto del Estado de derecho», dijo Loizaga a los periodistas durante la inauguración en Asunción del Foro Empresarial, en el marco de la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Fuente: El País
