La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) solicitó por primera vez en su historia a la Procuraduría General de la República (PGR) el ejercicio de la acción penal en contra de las personas físicas que resulten responsables de coludirse en licitaciones públicas del sector salud ocasionando un daño por 381 millones de pesos.
Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, indicó que se tienen evidencias de la coordinación entre los participantes en licitaciones públicas realizadas por instituciones de salud entre los años 2009 y 2011, por las que se pagaron sobreprecios de hasta 52 por ciento en los insumos adquiridos.
Esto significó que las empresas que participaron en estas licitaciones vendieron a las instituciones públicas de salud productos por mil 200 millones de pesos, pero realmente éstas debieron gastar sólo 819 millones de pesos.
“Esta es la primera vez en la historia que se presenta una denuncia penal contra prácticas monopólicas absolutas, pero además tenemos elementos suficientes para probar el delito… Por cuestiones legales, no podemos dar nombres de quienes son los involucrados ni tampoco mencionar los productos y los servicios en los que se registraron los sobreprecios”, destacó Mena.
Explicó que la acción penal se llevará en paralelo a la que sigue la Cofece, en la que se podrían imponer multas de hasta 10 por ciento de los ingresos de los agentes económicos así como la inhabilitación para ejercer cargos directivos.
LAS SANCIONES
Por su parte, las sanciones penales, previstas en el Código Penal Federal, consisten en prisión de 5 a 10 años y de mil a 10 mil días multa a personas físicas que hayan celebrado, ordenado o ejecutados prácticas monopólicas absolutas.
De acuerdo con el funcionario de la Cofece, las prácticas monopólicas absolutas generan una “grave” afectación al funcionamiento eficiente de los mercados y al bienestar del consumidor; dado que elevan los precios y disminuyen la cantidad y calidad de bienes o servicios ofrecidos, afectando el crecimiento de la economía. “Es por ello, que la legislación mexicana establece sanciones penales que pueden llegar hasta diez años de cárcel para estas conductas”, dijo Mena Labarthe.
Indicó que la colusión en el sector salud es “grave” debido a que los insumos adquiridos por este sector inciden directamente sobre los servicios que presta el Estado a la población, los cuales son financiados con recursos públicos.
“Al Ministerio Público Federal de la PGR corresponderá proseguir con las pesquisas iniciadas por la Autoridad Investigadora y cuyos resultados se establecen en el Dictamen de Probable Responsabilidad emitido por dicha unidad de la COFECE, para posteriormente ejercitar acción penal en contra de quienes cometieron el delito o participaron en su comisión”.
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Fuente: Dinero en imagen
