Desde 2012, la ASF observó anomalías en cuentas públicas de administraciones estatales señaladas de corrupción.
Las sanciones contra servidores públicos tras las fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se han quedado cortas. A pesar de los escándalos de corrupción que involucran a una decena de administraciones estatales que recientemente concluyeron, Guillermo Padrés (de Sonora) es el único ex gobernador en la cárcel.
La ASF documenta que, en el histórico 1998-2014, ha interpuesto 723 denuncias penales contra entidades de los tres niveles de Gobierno por el mal uso de recursos federales. De éstas, 132 se han presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra las administraciones de ex gobernadores señalados de irregularidades, como lo son Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Rodrigo Medina (Nuevo León), Eugenio Hernández (Tamaulipas), Juan Sabines (Chiapas), Narciso Agúndez (Baja California Sur) y Guillermo Padrés (Sonora), entre otros. En su momento, también advirtió de anomalías del entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. La gestión de Javier Duarte encabeza las denuncias: 55. A pesar de que la Auditoría alertó desde 2012 sobre las anomalías en sus cuentas públicas, hoy está prófugo. En ese año se observaron 13 mil millones de pesos.
La administración jalisciense de Emilio González ocupa la segunda posición con 23 denuncias, principalmente por las presuntas anomalías de su cuenta pública 2012. Ese año, la Auditoría presentó 21 denuncias penales por observaciones en cuatro mil 828 millones, pero no hay información del avance de las investigaciones. Las 23 denuncias ante la PGR son adicionales a las 11 que presentó la Contraloría ante la Fiscalía de Jalisco en la presente administración, también por la cuenta 2012. Sobre este tema, el fiscal Eduardo Almaguer actualiza: “Las que lleva el Gobierno del Estado están integrándose. Ha sido complejo porque intervienen diversos actores e instancias… son contra diversos funcionarios, pero no hay una acreditación directa, hasta el momento, donde hubiera un señalamiento contra el ex gobernador”. Sin embargo, confirma, hay otras tres denuncias por el manejo de fondos o abuso de autoridad contra Emilio González interpuestas por ciudadanos.
Ante las anomalías detectadas, la PGR ya ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por información para capturar a Javier Duarte o Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas. Mientras tanto, expertos ven con buenos ojos las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas. La primera creará un sistema que vigile las cuentas públicas y Fiscalías Anticorrupción, tanto nacional como estatales; la segunda plantea que los actos de violación a las responsabilidades sean tratados por un Tribunal de Justicia Administrativa, independiente de los Ejecutivos.
Fuente: El Informador
