El objetivo es evitar que las compañías evadan el cumplimiento de las obligaciones laborales y el pago de impuestos.
Ser una empresa constituida, cumplir con las obligaciones fiscales y laborales, ejecutar la ley de privacidad de datos personales y administrar las nóminas correctamente son algunos de los lineamientos que, a partir de 2017, deberán adoptar las empresas de tercerización o subcontratación de personal que busquen obtener un certificado de calidad en México.
La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), la Secretaría del Trabajo y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre otros integrantes del sector, trabajan en la definición de una norma mexicana que busca impedir que las compañías evadan el cumplimiento de las obligaciones laborales y el pago de impuestos.
“Las reglas actuales resultan insuficientes o no son tan claras para combatir una actividad evasora que vemos en el mercado por parte de algunas empresas, que dicen prestar servicios de tercerización y realmente están simulando actividades”, dice en entrevista Laura Obregón, presidenta de la Amech. “Hoy no existe un distintivo que diferencie una empresa que si cumple con todo de aquella que simplemente simula”.
El objetivo de la norma, según Obregón, es ser una referencia para que los fundadores de las empresas de tercerización o sub-contratación conozcan el proceso para constituirse y los requisitos mínimos para ser reconocida como una compañía de calidad. En promedio, las firmas tardarán entre tres y seis meses en obtener la certificación de cumplimiento.
“La norma mexicana no es obligatoria para poder prestar el servicio, puede que una empresa siga ofreciendo servicios de sub-contratación o tercerización sin haberse certificado, es optativa”, precisa la presidenta de la Amech. “Nuestra intención es que con esta norma se vaya rigiendo la actividad en el mercado y que poco a poco pueda irse elevando a algún otro nivel con mayor grado de obligatoriedad”.
En febrero pasado, la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía admitió discutir y aprobar durante 2016 el proceso de certificación de empresas de sub-contratación o tercerización de personal. De acuerdo con Obregón, el grupo de trabajo comenzó en junio a diseñar la norma y todavía se encuentra en proceso de definición.
“Estamos por terminar los trabajos del texto inicial”, detalla. “Esperamos que eso ocurra en noviembre para sacar la norma ya aprobada por este grupo de trabajo a consulta pública”.
Una vez definida la norma, la Secretaría de Economía publicará el documento en el Diario Oficial de la Federación para que cualquier ciudadano interesado pueda hacer recomendaciones para mejorar el texto durante 60 días.
En cuanto concluya el periodo de consulta pública, la mesa de trabajo revisará los comentarios recibidos con el objetivo de integrar el documento final.
¿Norma necesaria o sobrerregulación?
Cifras de la Amech indican que la tercerización de personal genera casi 1% de los empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Hasta ahora, la organización no cuenta con un estimado del número de empresas que no reportan adecuadamente las actividades de outsourcing ni del impacto que tendrá la implementación de la norma.
Rodrigo Prieto, integrante de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, recomienda que -para incrementar el objetivo y eficientar el pago de impuestos- la norma sea de carácter obligatorio. “No debería ser opcional porque abriría la puerta nuevamente a que muchas de estas empresas pudieran optar por hacerlo o no hacerlo”, dice.
Por su parte, Ricardo Martínez, especialista en derecho laboral y socio fundador de la firma de abogados De la Vega & Martínez Rojas, considera que el nacimiento de esta nueva norma representaría una regulación excesiva.
“Sacar una norma como la que se pretende ya es una sobrerregulación”, sostiene. “Ya de por sí consideramos que el patrón vive en un estado de vigilancia extrema, tanto por las normas laborales, de seguridad social y la serie de criterios no vinculatorios que sacó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ya resultan muy agresivas en contra del sector patronal”.
Fuente: CNN Expansión
