El diputado Guillermo Vega sostuvo que la nueva Ley General de Aguas que impulsa el gobierno federal podría afectar de manera significativa al sector agrícola, al restar a los Estados la capacidad de decidir cómo administrar sus propios recursos hídricos.
Explicó que cada región conoce las particularidades de su disponibilidad de agua y cuenta con condiciones específicas que permiten a los estados y municipios regular su uso de forma más adecuada. Por ello, consideró que centralizar las decisiones generaría incertidumbre.
De acuerdo con Vega, la iniciativa busca otorgar al gobierno federal la facultad de definir a quién asignar el recurso, lo que podría impactar a los agricultores, a las industrias y a los organismos operadores de agua potable que requieren estabilidad en el suministro.
Asimismo, señaló que la propuesta no contempla una ruta clara para financiar la infraestructura pluvial que el país necesita para atender la crisis hídrica.
En este contexto, llamó a escuchar a la ciudadanía y a construir un consenso más amplio antes de avanzar con el dictamen.
Mar Hernández Mendoza.
