La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Aduanera, luego de que el Senado modificó su fecha de entrada en vigor para el 1 de enero de 2026.
La reforma, que fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, fue aprobada por 343 votos a favor, 123 en contra y ninguna abstención.
La discusión en San Lázaro se centró en el cambio realizado por el Senado al artículo primero transitorio del decreto, motivo por el cual el documento fue devuelto a la Cámara de Diputados. El pleno consideró el asunto de urgente resolución, por lo que se sometió a debate y votación de inmediato.
La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada panista Kenia López Rabadán, precisó que el análisis legislativo estaría centrado únicamente en la modificación realizada por la colegisladora al artículo primero transitorio.
El cambio aprobado por el Senado establece que la reforma a la Ley Aduanera entrará en vigor el 1 de enero de 2026, y no al día siguiente de su publicación, como estaba previsto originalmente.
Sin embargo, algunas disposiciones que se aplicarán antes: una parte del artículo 86-A comenzará a regir un mes después de esa fecha, mientras que otros artículos -el resto del 86-A, junto con los artículos 106, 107 y 145- entrarán en vigor tres meses después con el objetivo de permitir la elaboración de la reglamentación correspondiente.
Nuevas reglas para patentes, vigilancia digital y control fiscal
Uno de los cambios centrales de la reforma es la creación del Consejo Aduanero, encargado de resolver sobre el otorgamiento de autorizaciones y patentes aduanales.
Además, se otorgan facultades concurrentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Agencia Nacional de Aduanas de México para realizar actividades de post-despacho de mercancías.
También incorpora que las autoridades aduaneras puedan celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para el análisis y gestión de datos, y se refuerzan los controles para sancionar malas prácticas como la evasión fiscal, subvaluaciones y presentación de declaraciones incorrectas.
Entre otros cambios relevantes, se elimina la patente vitalicia para los agentes aduanales, estableciendo un uso máximo de 20 años, sujeto a requisitos legales y evaluaciones cada tres años, para profesionalizar el sector.
Asimismo, se fortalecen los controles sobre el uso del régimen de importación temporal y se incorpora el expediente electrónico de pedimentos, que incluirá el CFDI, facturas, carta porte u otros documentos que acrediten las operaciones.
El diputado morenista Fernando Castro Trenti aseguró que la reforma es profunda porque actualiza y transparenta los sistemas aduanales e incorpora tecnología, como la videovigilancia de los procesos.
Oposición advierte retroceso, centralismo y afectaciones económicas
En contraste, legisladores de oposición expresaron su rechazo. La diputada panista Teresa Ginez Serrano calificó el ajuste al artículo transitorio como “claramente un cambio menor, una maniobra que pretende aparentar apertura, pero que solo retrocede por dos meses la aplicación de disposiciones que son nocivas para el país”. Agregó que “esta reforma representa un retroceso”.
Afirmó que, aunque se plantea como una estrategia para ordenar las aduanas, en realidad centralizan el poder y consolidan un esquema que ha permitido delitos graves contra la hacienda pública. Según Ginez Serrano, la nueva ley “entorpece lo que debía agilizar, regula en exceso lo que debía simplificar y, lo más grave, perpetúa la impunidad”.
Desde el PRI, Emilio Lara Calderón sostuvo que la modificación transitoria solo retrasará la entrada en vigor de la reforma, pero su partido considera que “así sea el inicio de la vigencia mañana, el próximo mes o el primero de enero, representa un retroceso en materia aduanera”.
Advirtió que la reforma “golpea al comercio, a las empresas y a los ciudadanos”, al imponer sanciones confiscatorias sin distinción entre faltas menores y delitos graves.
Por su parte, la emecista Patricia Flores Elizondo consideró que la ley no cumple con el objetivo de combatir el contrabando fiscal. “Lo que sí hace es aumentar la responsabilidad legal, económica y operativa de quienes coadyuvan con el Estado: los agentes aduanales, importadores, exportadores, transportistas, pequeñas y medianas empresas”.
Además, criticó la gestión legislativa del oficialismo: “Se equivocaron en la fecha de entrada en vigor. Sí, ni siquiera pudieron aprobarla bien y eso no es un detalle menor, es la muestra más clara de un gobierno que usa su mayoría para legislar al vapor”.
Desde el oficialismo y sus aliados, se defendió la postergación de la entrada en vigor como una medida responsable. El diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sostuvo que “los avances administrativos, tecnológicos y normativos requieren un margen de tiempo para asegurarnos que los instrumenten de forma correcta”.
En el mismo sentido, el petista José Antonio López Ruíz argumentó que el cambio en el transitorio obedece a razones fiscales y operativas:
“No se trata de posponer el cambio, se trata de garantizar que funcione desde el primer día”.
Dijo que el tiempo adicional permitirá a la Agencia Nacional de Aduanas de México y al Servicio de Administración Tributaria capacitar a su personal, adecuar sistemas y aplicar tecnologías para el control de mercancías.
Información de Aristegui Noticias.
