La Secretaría de Gobernación (Segob) y colectivos de madres buscadoras trabajan en la incorporación de distintas propuestas a las iniciativas presidenciales con el objetivo de fortalecer el combate a la desaparición de personas en México, optimizar los procesos de búsqueda y localización, así como tipificar gravemente la mala actuación de los servidores públicos en las investigaciones.
Las sesiones de trabajo tienen lugar en la sede principal de la Segob, localizada en la calle de Bucareli en la Ciudad de México y son encabezadas por su titular, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el subsecretario de Derechos Humanos y el jefe de unidad de derechos humanos de la misma dependencia, Froylán Enciso.
Desde el Salón Revolución, cerca de 26 colectivos y autoridades federales enfrentan el reto de revisar, una a una, las propuestas planteadas en los diálogos que mantuvieron hace ya dos meses y que deberán ser tomadas en cuenta por los legisladores, una vez que sean presentadas.
La revisión obliga a priorizar los aspectos y matices más relevantes que no fueron contemplados en las iniciativas de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, como por ejemplo equiparar el mal desempeño de un ministerio público en una investigación con el delito de desaparición.
De acuerdo con el calendario de actividades, a lo largo de la presente semana los trabajos de depuración y sistematización de las propuestas se intensificarán, a fin de que el paquete de reformas esté listo en tiempo y forma para su presentación en los próximos días y de cara a su discusión en un periodo extraordinario de sesiones.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presidió la sesión de trabajo este martes durante las primeras dos horas; posteriormente se retiró a palacio nacional.
En consecuencia, el subsecretario de derechos humanos, Arturo Medina quedó a cargo de las mesas.
Con base en algunas de las propuestas de los colectivos es necesario dotar de medidas de seguridad todas las informaciones relativas a las desapariciones y jornadas de búsqueda, así como también contar con una base única de desaparecidos de todo el país; resolver la crisis forense que mantiene a 72 mil cadáveres sin identificar y apoyar con recursos a las familias de madres buscadoras y eficientes los mecanismos de protección.
Con información Excélsior
