A finales de 2023, en medio de una creciente ola de antisemitismo en Estados Unidos tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás, un documento de la Heritage Foundation, titulado Proyecto Esther, encendió las alarmas en las comunidades judías progresistas del país.
Esta propuesta, que forma parte de la agenda del conservador Proyecto 2025 —una hoja de ruta ideológica que perfila las políticas del expresidente Donald Trump en caso de regresar a la Casa Blanca—, ha generado un amplio rechazo entre diversas organizaciones judías que, si bien coinciden en la necesidad de combatir el antisemitismo, advierten que los métodos propuestos pueden ser incluso más peligrosos que el mal que buscan erradicar.
Entre las medidas promovidas por el Proyecto Esther se encuentran la expulsión de estudiantes extranjeros, la remoción de profesores, la cancelación de fondos públicos a universidades y la prohibición de organizaciones “antisionistas”, a las que se acusa de constituir una “red de apoyo a Hamás” supuestamente infiltrada en instituciones académicas como Columbia o Harvard.
Esta postura se ha cruzado con un país polarizado, donde el antisemitismo, la libertad de expresión y la política sobre Israel y Palestina se entrelazan con particular violencia.
“El Proyecto Esther traza el camino para que la administración Trump afine la normativa legal que hará avanzar los objetivos de (su) movimiento MAGA”, declaró a la agencia AFP Stefanie Fox, directora de Jewish Voice for Peace (JVP), una organización judía de izquierda que aboga por “detener el genocidio en Gaza”.
La JVP fue señalada directamente en el Proyecto Esther como parte de esta “red de apoyo” a Hamás, acusación que Fox desestima con dureza:
“Esto es infundado, paranoico e irrisorio”.
¿Seguridad o Democracia?
No es casual que esta confrontación surja ahora. En Estados Unidos, los incidentes relacionados con el antisemitismo han aumentado de forma preocupante. Ataques contra personal diplomático israelí, bombas incendiarias lanzadas durante marchas, y amenazas constantes en campus universitarios han sido documentados desde octubre.
Según una encuesta del Jewish Voters Resource Center, el 89% de los judíos estadunidenses se manifiesta preocupado por el antisemitismo, pero el 64% rechaza las políticas de Trump para enfrentarlo.
“Hay antisemitismo en las universidades, no voy a negarlo (…) pero la idea de que para combatir el antisemitismo hay que arremeter contra la educación superior es completamente ridícula”, declaró Kevin Rachlin, responsable del proyecto Nexus, una iniciativa que busca frenar el odio sin sacrificar la libertad académica.
Para Rachlin, el enfoque punitivo del Proyecto Esther no protege a los judíos, sino que los aísla y los vuelve más vulnerables.
“Los judíos estamos más seguros cuando nos coaligamos con otros grupos y minorías”, asegura. Nexus, como otras plataformas progresistas, defiende un modelo inclusivo: uno en el que combatir el antisemitismo no implique desmantelar universidades, criminalizar movimientos pro-palestinos ni reprimir el disenso ideológico.
Una generación dividida por Gaza
Para muchos observadores, el debate interno entre los propios judíos estadunidenses no es nuevo, pero ha cobrado mayor intensidad tras la ofensiva israelí en Gaza. El periodista Eric Alterman, autor de un ensayo sobre lo que denomina “la próxima guerra civil judía por Donald Trump”, lo explica en términos generacionales:
“Lo que está sucediendo hoy en Gaza es muy difícil de digerir para los judíos estadunidenses, especialmente para los jóvenes. Hay una línea divisoria muy clara: cuanto mayor eres, más simpatizas con Israel; cuanto más joven, más simpatizas con los palestinos”.
Alterman subraya que, entre los aproximadamente 7.2 millones de judíos que viven en Estados Unidos, hay una creciente incomodidad con las posiciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pero también con la narrativa republicana sobre cómo abordar el antisemitismo.
“La mayoría de los judíos estadunidenses (…) no les gusta Netanyahu, no les gusta esta administración (Trump), no les gusta la guerra en Gaza (…) y están atrapados en el medio”, señala.
Este “medio” se vuelve cada vez más estrecho a medida que la retórica política endurece sus contornos. Para Trump y sus aliados, la crítica al sionismo es sinónimo de antisemitismo; para organizaciones como JVP o Nexus, esa equivalencia borra matices esenciales y silencia voces legítimas dentro del propio judaísmo.
¿Combate al odio o herramienta de censura?
En las últimas semanas, la controversia llegó a un nuevo nivel cuando diez importantes organizaciones judías firmaron una carta conjunta rechazando lo que calificaron como una “falsa elección” entre “seguridad judía” y “democracia”. El documento, dirigido al gobierno de Trump, advierte que, si bien “no hay duda de que el antisemitismo va en aumento”, es precisamente la democracia y el acceso a la educación superior lo que ha permitido a los judíos estadunidenses “florecer durante siglos”.
Uno de los firmantes fue la Unión para el Judaísmo Reformista (URJ), liderada por el influyente rabino David Saperstein, quien se manifestó preocupado por el rumbo autoritario de las propuestas conservadoras:
“Irónicamente, están atacando las instituciones democráticas que han dado a los judíos estadunidenses más derechos, más libertades, más oportunidades de las que jamás hemos tenido en nuestros 2 mil 600 años de historia de vida diaspórica”.
Aunque Saperstein reconoce el esfuerzo del gobierno por tomar en serio el problema del antisemitismo, cuestiona la instrumentalización política del dolor comunitario. En su opinión, atacar universidades, medios de comunicación y el Estado de derecho desvirtúa el objetivo real de protección.
El antisemitismo, ¿una excusa electoral?
Detrás de las políticas del Proyecto Esther subyace una estrategia que muchos consideran electoralista. Al denunciar a movimientos como Students for Justice in Palestine (SJP) o Jewish Voice for Peace como “grupos de odio”, la propuesta de Trump convierte en enemigos a organizaciones que históricamente han participado en coaliciones progresistas y en defensa de derechos civiles.
Para algunos analistas, esta narrativa busca reconfigurar la política universitaria estadunidense, sometiéndola a un control ideológico alineado con la ultraderecha cristiana y el nacionalismo blanco.
La conexión entre antisemitismo y autoritarismo no es nueva. Lo que sorprende ahora, según diversas voces judías, es que se utilice el antisemitismo como caballo de Troya para avanzar en la erosión de instituciones democráticas. En lugar de construir puentes entre comunidades —como ha sido tradición en la historia judía norteamericana—, la propuesta del Proyecto Esther cava trincheras.
El riesgo, como advierten tanto Fox como Rachlin y Saperstein, es doble: se trivializa el antisemitismo real al politizarlo, y se silencia a una parte significativa de la comunidad judía que no comparte la visión de Trump ni sus métodos.
Lo que está en juego en este debate va más allá de una coyuntura electoral. En Estados Unidos, el antisemitismo, la islamofobia y el racismo han resurgido como síntomas de una batalla cultural más amplia. En ese terreno, el uso político del miedo y la desinformación puede convertirse en un arma poderosa.
La carta firmada por las organizaciones judías culmina con una advertencia: proteger a las comunidades vulnerables no puede implicar sacrificar los valores democráticos que han sustentado a Estados Unidos y, en particular, a su comunidad judía. Las instituciones académicas argumentan, deben ser espacios de debate crítico, incluso incómodo, pero nunca campos de batalla donde se imponga una única verdad bajo amenaza de censura o deportación.
Con información de Excélsior
