La jueza federal Raquel Duarte Cedillo concedió por segunda ocasión la libertad condicional de ocho militares señalados de tener presuntos vínculos con el cártel de Guerreros Unidos y de estar involucrados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en hechos ocurridos en septiembre de 2014.
Se fijó el pago de una fianza de 100 mil pesos para cada uno de los exintegrantes de los batallones 27 y 41 de infantería en Guerrero, para enfrentar en libertad su proceso penal por delincuencia organizada.
Primer dictamen de libertad condicional
La primera ocasión en que se concedió el beneficio de libertad condicional a los militares Omar Torres Marquillo, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Uri Reyes Lazos, Juan Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz fue en enero de este año.
Luego de pasar seis meses presos en el Campo Militar Número 1 tras decretárseles auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada cometida contra los 43 normalistas.
En esa ocasión la jueza les impuso una fianza de 50 mil pesos a cada uno y acudir a firmar el libro de procesados cada 15 días, la imposibilidad de viajar al extranjero y no acercarse a las víctimas y testigos de cargo de lo sucedido en Iguala en 2014.
Influencia en la resolución de la jueza
La resolución de la jueza se dio como consecuencia de la sentencia al amparo solicitado por la defensa de los militares, que está integrada por los abogados Alejandro Robledo y César Omar González, y que fue favorable a los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que el décimo tribunal colegiado en materia penal concedió la protección de la justicia federal, aunque dejó libertad de criterio para la jueza Duarte Cedillo.
La titular del juzgado segundo de distrito con sede en Toluca consideró que mantenerlos encarcelados no era idóneo, al igual que la primera vez, que resolvió el amparo que se otorgó a los militares por la acusación del delito de desaparición forzada.
La jueza Duarte Cedillo decretó en junio de 2023 la prisión justificada para los militares a petición del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), a cargo de Rosendo Gómez Piedra, y enero modificó su criterio. Lo mismo ocurrió ayer.
Está pendiente que la defensa de los militares entregue los documentos que garantizan la fianza impuesta, entre ellos sus pasaportes, y el cumplimiento de los trámites administrativos para que puedan abandonar la prisión que se encuentra en el Campo Militar Número 1.
Con información de Las Jornada.
