Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhibió casos en los que jueces favorecen a presuntos delincuentes como un amparo otorgado a dos involucrados en el caso Ayotzinapa.
Jueces habrían ayudado a delincuentes involucrados en el caso de Ayotzinapa
En la sección “Cero Impunidad”, indicó que se le otorgó un amparo a José Luis “N”, exalcalde de Iguala e involucrado en el caso Ayotzinapa, quien tiene causas penales por homicidio y delincuencia organizada.
“El 15 de noviembre del año pasado el tribunal colegiado e integrado por el magistrado José Pablo Pérez Villalba, que votó en contra, el magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, y el que votó a favor, y el magistrado Luis, aquí el secretario en funciones de magistrado, Luis Alberto Castro Velázquez, que votó a favor, le otorgó un amparo a José Luis N el juez tercero de control de Toluca, cite a las partes a una nueva audiencia en la que con libertad de jurisdicción y previo debate determine otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa”, dijo.
El subsecretario dijo que acuerdo al colegiado, la prisión preventiva oficiosa impuesta a José Luis ‘N’, viola sus derechos convencionales en atención a las sentencias emitidas por la CIDH.
Otro de los casos de jueces que beneficiar presuntos delincuentes esta la apelación de María de los Ángeles ‘N’, —vinculado al caso Ayotzinapa y esposa de José Luis “N”, exalcalde de Iguala— sentenciada a 10 años de prisión por delincuencia organizada, entre otros.
Durante el 24 de abril de 2023, el magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde le revocó la sentencia y ordenó la reposición del procedimiento, ya que argumentó que el juez había violado su derecho de seguridad jurídica en audiencia, defensa e igualdad.
Rodríguez Bucio detalló que el tercero caso es del exgobernador de Quintana Roo, Roberto “N”, porque se pretendió modificar la medida de prisión preventiva justificada
“Aquí en audiencia de revisión de medidas cautelares de fecha 29 de septiembre del año pasado, la cual fue solicitada por el propio Roberto N, el juez Marco Antonio Beltrán Moreno, determinó modificar la prisión preventiva justificada que había en su contra por y en su lugar poner la colocación de un brazalete electrónico, arraigo domiciliario, y pago de una garantía de 10 millones de pesos, entre otras”, leyó.
Con información de El Heraldo.
