Con 16 votos a favor y 9 en contra, el Congreso local aprobó las reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado.
Entre las modificaciones que se contemplan en el dictamen, se encuentra la eliminación de una edad mínima para la acceder a la jubilación, además de que será cada dependencia la encargada de llevar a cabo este trámite y no la Legislatura como se ha estado realizando.
Asimismo, se aumenta el monto máximo de esta prestación, pasó de 42 mil pesos a 51 mil, dependiendo del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de desaparecer la figura de prejubilación.
El diputado panista e integrante de la Comisión de Trabajo, Roberto Cabrera, afirmó que éstas modificaciones beneficiarán a los trabajadores, ya que se agilizarán los trámites de pensiones y jubilaciones.
«Esta reforma es la voz de las maestros, enfermeros, doctores, secretarias, personal de limpieza, mantenimiento, los que atienden a través de una ventanilla. Se oponen los mismos que se oponen a todo, los que no tiene la sensibilidad y empatía para darse cuenta que con éstas modificaciones se optimizan procesos administrativos y se brinda certeza jurídica».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Néstor Domínguez, denunció una serie de presuntas irregularidades en estas modificaciones, una de ellas, la posibilidad de otorgar una jubilación o pensión a personas que no cumplan los requisitos necesarios.
«Se que se acercan tiempos electorales y pareciera ser una reforma hecha a la medida para quienes buscar un cargo de elección popular y así quitarles el impacto político de sus negativas al no aplicar los convenios laborales, dado que sería más fácil aceptar que se equivocaron y comenzaran a votar en favor de todas las pensiones que cumplían los requisitos de los convenios colectivos y no hacer este teatro».
Al rechazo también se unió el diputado priísta, Hugo Cabrera, al coincidir con Domínguez Luna de un posible interés político detrás de las reformas presentadas.
En otro orden de ideas, también fueron aprobadas las reformas al Código Penal del Estado, en donde se establecen sanciones a quienes usen la violencia para detener obras públicas y a quienes agredan al personal médico.
Cabe recordar que la también llamada «Ley Garrote» ha sido adecuada tres veces, tras diversas denuncias por violentar los derechos humanos de los ciudadanos, principalmente, la libertad de expresión.
Por último, con 21 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra, fueron aprobadas las jubilaciones de Celia Maya y Consuelo Rosillo por 157 mil 266 pesos y 156 mil 255 pesos mensuales respectivamente.
Agustín Murillo
