Venezuela enfrenta la peor crisis de derechos humanos de su historia moderna. Así lo reportó este jueves Amnistía Internacional en un informe, en el que añadió que la situación está alimentada por la violenta reacción de las autoridades ante una escalada de protestas el año pasado. Los organismos de seguridad hicieron uso excesivo y abusivo de la fuerza sobre las personas que protestaron por meses en contra del deterioro de la situación económica y del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, con un saldo de más de 120muertes y cientos de detenciones.
En lugar de hacer frente a la crisis alimentaria y de salud, las autoridades instauraron una política premeditada de represión violenta de cualquier tipo de disidencia», destacó Amnistía. Miles de personas fueron detenidas de forma arbitraria y se registraron numerosas denuncias de torturas y otros malos tratos, así como el uso de tribunales militares para juzgar aciviles y para perseguir y hostigar a defensores de los derechos humanos, agregó en el reporte.
Maduro enfrentó, a mediados del 2017, cuatro meses de protestas casi diarias lideradas por la oposición para exigirle elecciones anticipadas, ayuda humanitaria para combatir la escasez de alimentos y medicinas, el reconocimiento del Congreso dominado por la oposición y la libertad para los activistas encarcelados. Los manifestantes dicen que funcionarios de la Guardia Nacional ejercieron mano dura al reprimir sus protestas, mientras que el presidente afirma que su gobierno se enfrentó a una “insurgencia armada» con el apoyo de Estados Unidos.
Venezuela sufre una recesión económica agravada con hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas, problemas que la oposición atribuye a deficientes medidas oficiales pese a que Maduro les devuelve la responsabilidad diciendo que son producto de una guerra económica de empresarios y sus adversarios. Amnistía apuntó que en los procesos de diálogo político entre el gobierno y la oposición no se han producido avances concretos en cuestiones relativas a los derechos humanos, pese a que algunos países han tratado de condenar la crisis.
Fuente: Excelsior
