Luego de casi 40 horas de audiencia por videoconferencia la jueza Alejandra Ramírez de la Vega , dictó prisión preventiva al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel y siete acusados más por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Durante la audiencia inicial, se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación por dichos delitos.
Tras diversos recesos durante la audiencia, el MPF logró obtener, para los imputados Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el Cefereso del “Altiplano”, en el estado de México.
En el caso de José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillen quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
Los imputados fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que posiblemente participaron.
Apuntó que lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
Según las investigaciones, las operaciones de este grupo delictivo vinculado a las actividades de la empresa Ingemar -de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario-, causaron entre enero y julio de 2025 daños al erario federal estimados en 4 mil millones de pesos ante la falta de cumplimiento en sus obligaciones fiscales.
Información de La Jornada.
