El diputado de Morena, Ulises Gómez, llamó al Congreso de Querétaro a armonizar la legislación local en materia de abuso sexual con la reforma federal, al señalar que la entidad permanece entre los siete estados del país que aún no actualizan su marco jurídico, asimismo, exhortó al PAN a abrir el debate de este y otros temas con colectivos y especialistas.
Gómez de La Rosa sostuvo que asuntos como la armonización del delito de abuso sexual, la Ley de Identidad de Género y la despenalización del aborto han permanecido congelados durante varios años, situación que, afirmó, ha impedido actualizar el marco legal para garantizar una mayor protección de los derechos de la ciudadanía.
En ese sentido, llamó a todas las fuerzas políticas a discutir estas iniciativas al considerar que se trata de problemáticas que afectan de manera cotidiana a la población.
Agregó que armonizar la legislación local con la federal permitiría fortalecer la prevención del delito y endurecer las sanciones contra quienes cometan abuso sexual.
La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum modifica los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal para homologar el tipo penal de abuso sexual. El artículo 260 establece que incurre en este delito quien, sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo o a ejecutarlo sobre sí misma, sobre un tercero o sobre el propio agresor, tanto en el ámbito público como en el privado.
La iniciativa también considera abuso sexual obligar a la víctima a exhibir su cuerpo y precisa que se entienden como actos sexuales los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.
Además, establece que no existe consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenazas, abuso de confianza, abuso de autoridad o una situación de vulnerabilidad.
Con esta homologación se busca eliminar la disparidad de criterios entre las entidades federativas, definir con mayor claridad las conductas que constituyen abuso sexual y fortalecer las sanciones, que contemplan penas de tres a siete años de prisión, multas y la obligación de asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género para prevenir la reincidencia.
Mar Hernández Mendoza.
