En medio de una crisis en la economía agropecuaria, con precios de los granos en el piso y las fronteras cerradas a la exportación ganadera, los poderes Ejecutivo y Legislativo impusieron una Reforma a la Ley Nacional de Aguas Nacionales que ha generado discordia, conflicto social, político e hídrico en el Noroeste del País.
Este lunes, en Mexicali, Baja California, autoridades estatales y federales se reunirán por enésima ocasión con los representantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo, quienes buscan una solución para miles de personas que, debido a su avanzada edad o la nula rentabilidad de los cultivos, encontraron una forma de subsistir al transferir sus derechos de agua para fines agrícolas y pecuarios, por un pago mínimo.
Según el tesorero del Banco de Agua, los usuarios le venden parte de su dotación al gobierno en un peso con 40 centavos en metro cúbico de agua (mil litros); éste aseguró que el organismo operador vende ese mismo metro cúbico a 22 pesos para uso doméstico; en 40 pesos a los comercios; y aseguró que a la industria entre más gasta agua más barato se les contra el metro cúbico, llegando el punto de cobrarles apenas cinco pesos por cada mil litros.
“Estamos buscando un mecanismo que brinde protección a la gente”
Horacio Gómez Carranza, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo, explicó que en las reuniones con autoridades de Conagua y el Gobierno de Baja California, buscan un acuerdo que no deje desamparadas a los usuarios que han encontrado en la transferencia de agua para las ciudades de Tecate, Mexicali, Ensenada y Tijuana, la única forma de sustento de sus familias, ante la falta de rentabilidad de las actividades agropecuarias.
Excelsior
