Ayer viernes, unos minutos antes de la medianoche, se distribuyó en la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen de la nueva Ley General de Aguas, en la que se prioriza el derecho humano al líquido, se reglamentan las concesiones y se tipifican diversos delitos hídricos.
En el documento, que incluye también modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, se añadieron algunos cambios a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de las demandas y observaciones de campesinos y productores agrícolas que manifestaron su desacuerdo con ambas normas.
En ellas, se mantiene la disposición de que las concesiones no podrán transmitirse a terceras personas, pero les dan garantías de sucesión para heredar y no se les retira la licencia por infringir las transmisiones.
Uno de los cambios se dio en el artículo 4 de la nueva Ley General de Aguas, para precisar que la disminución o cancelación del volumen del líquido debe estar fundada y motivada en preceptos legales específicos.
Se establece también la necesidad de retirar los títulos de concesión que no estén siendo utilizados para que el volumen que contengan se reincorpore a la aguas nacionales.
Se insiste en que la autorización, permiso, concesión, asignación o prórroga que se otorgue debe priorizar el consumo humano y doméstico del agua.
Información de la mano con La Jornada.
