Durante la comparecencia de la Secretaria del Bienestar ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la legisladora federal Lorena García Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que el Gobierno Federal está utilizando los programas sociales con fines electorales y no como herramientas reales para garantizar derechos ni para combatir la pobreza.
La diputada señaló que, pese al discurso oficial, la reducción de la pobreza que presume el gobierno no está relacionada con los programas de Bienestar. Explicó que la disminución de 13.4 millones de personas en pobreza en los últimos seis años se debe principalmente al aumento del ingreso laboral, no a los apoyos gubernamentales, “la gente salió adelante por su trabajo, no por el clientelismo”, afirmó.
García Alcocer detalló que de cada 100 pesos adicionales que entran a los hogares mexicanos, 55 provienen del trabajo, mientras que solo 14 pesos corresponden a programas sociales. Señaló que esta realidad contrasta con la narrativa gubernamental que insiste en atribuirse logros que no le corresponden.
La diputada recordó que factores como las políticas salariales, la regularización del outsourcing, la pensión mínima garantizada y la desindexación del salario mínimo —muchas impulsadas desde Acción Nacional— fueron determinantes para que el ingreso de las familias se recuperara.
Durante su intervención, García Alcocer subrayó que los datos también evidencian diferencias claras entre modelos de gobierno. Expuso que en los estados gobernados por el oficialismo la pobreza alcanza el 31.8%, mientras que en los estados gobernados por Acción Nacional es de 18.6%, una diferencia de 12 puntos porcentuales.
La diputada sostuvo que la justicia social no se construye repartiendo dinero, sino garantizando derechos fundamentales.
“No basta con dar dinero; se requiere atender a los 44.5 millones de mexicanos sin acceso a la salud, a los 24.2 millones sin educación de calidad y a los 18.4 millones sin servicios básicos en sus viviendas”, advirtió.
García Alcocer enfatizó que la falta de evaluación y de transparencia en el manejo de los recursos públicos es alarmante. Recordó que la Auditoría Superior de la Federación reporta 127 mil millones de pesos aún sin aclarar desde 2023.
