Para fortalecer la protección a estudiantes y consumidores, la Comisión de Administración y Justicia aprobó reformas que contemplan sanciones penales tanto para escuelas sin validez oficial como para quienes operen créditos “gota a gota”, informó el diputado Guillermo Vega.
Explicó que la propuesta establece penas de tres meses a cuatro años de prisión y hasta 180 días de multa para propietarios de instituciones educativas que ofrezcan servicios profesionales sin contar con la autorización o el reconocimiento de validez oficial, e incluso cuando omitan esta información en su publicidad.
Vega destacó que el objetivo es frenar la proliferación de escuelas “patito”, cuyo incremento en los últimos años ha generado desmotivación entre jóvenes y afectado la confianza en la oferta educativa. Por ello, dijo, se busca un marco legal más sólido que sancione a quienes operen fuera de la ley.
En cuanto a los créditos “gota a gota”, explicó que se aprobaron sanciones de dos a seis años de prisión para quienes recurran a la intimidación o violencia para cobrar estos préstamos, los cuales generalmente son operados por grupos delictivos y se caracterizan por prácticas de extorsión y fraude.
Con estas reformas, aseguró, se pretende dotar a las autoridades de herramientas para castigar las modalidades violentas con las que se agravia a las personas y a sus familias.
Mar Hernández Mendoza.
