También se eleva en un 4.5% el cobro por servicios migratorios extraordinarios a vuelos no regulares y el derecho para aeronaves privadas sin fines de lucro, pero quedan exentas de cobro aquellas destinadas para la protección civil y ambulancias aéreas.
Por otro lado, se incrementa en más del 25% el costo de los certificados fitosanitarios internacionales para la exportación de vegetales y sus productos y subproductos, y por la exportación de animales vivos, productos y subproductos (Certificados para la explotación de animales vivos).
Así como un aumento de más de 27% en el costo de los permisos para construcción, explotación y ampliación de aeródromos, helipuertos e hidroaeródromos.
Aunado a que también se actualizan los costos de servicios de verificación establecidos en la Ley de Aviación Civil y en la Ley de Aeropuertos y servicios relacionados con la expedición de cada certificado de capacidad, licencia al personal técnico aeronáutico o permiso.
Por otro lado, se incrementa en 16% el cobro a los servicios de inspección y vigilancia que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que pagan entidades como casas de bolsa y de cambio, almacenes generales de depósito, fondos de inversión, instituciones de banca múltiple y otras instituciones financieras.
También se incrementan los derechos por el uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico, bajo el argumento de que con estos recursos se podrá ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio de la población que aún no cuenta con tales servicios.
Sobre este asunto, se planteó un incremento de 4.5% el cobro de cuotas de solicitud y, en su caso, la autorización para la compartición de bandas de frecuencias entre dependencias y entidades del Ejecutivo Federal para uso público y para la suscripción o enajenación de acciones o partes sociales que requieran autorización.
Sí hay nuevos impuestos, asegura la oposición
Durante la discusión en el pleno, la diputada Noemí Berenice Luna (PAN), sostuvo que es justo que el Estado cobre por los servicios que presta, pero también, dijo, es justo que los recursos regresen a donde se generan.
“Hoy, el gobierno nos presenta una Ley Federal de Derechos llena de incrementos, aumentan los cobros migratorios, pero no hay inversión en seguridad fronteriza. Suben los derechos sanitarios, pero los hospitales siguen sin medicinas. Crean nuevas cuotas en telecomunicaciones, pero las comunidades rurales siguen sin Internet. Y ahora aumentan las cuotas de entrada a museos y zonas arqueológicas, nos dicen que es para invertir y proteger a los visitantes nacionales, pero la verdad es que los turistas nacionales, las familias mexicanas también quieren conocer su historia”, expresó.
Por su parte, el diputado Andrés Mauricio Cantú (PRI), acusó a Morena de asegurar que no suben los impuestos, “pero en los hechos todo sube. Le cambian el nombre, dicen, ajuste, actualización, revisión inflacionaria, pero en la realidad es otra forma de meterle la mano al bolsillo a los mexicanos”.
Añadió que para 2026 subirá el costo de los pasaportes, los permisos ambientales, las concesiones de agua, los trámites empresariales y hasta los ingresos a las playas.
“Todo, todo se encarece, menos el ingreso de los mexicanos. Mientras tanto, la burocracia federal sigue creciendo, los programas se anuncian con bombo y platillo”, dijo.
La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) aseguró que esta Ley busca actualizar derechos, eliminar rezagos y fortalecer instituciones, asegurando que quienes paguen lo hagan con equidad.
Entre los aspectos centrales de la reforma, dijo, se establecen derechos en materia migratoria que reforzarán la seguridad en las fronteras y mejorarán la atención humanitaria a quienes transitan por México.
Mientras que el ámbito de las telecomunicaciones, agregó, la reforma promueve descuentos a concesionarios que amplíen cobertura, especialmente en zonas rurales, para reducir la brecha digital, asegurando que estos incentivos buscan la equidad y no privilegios monopólicos.
Información de El Economista.
