La Cámara de Diputados recibió formalmente la iniciativa de la Presidenta de la República que propone expedir la Ley General de Aguas, un nuevo marco jurídico que busca garantizar el acceso equitativo y sustentable al recurso hídrico en todo el país, además de actualizar la actual Ley de Aguas Nacionales, vigente desde hace más de tres décadas.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que el documento fue turnado para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, con el propósito de asegurar su máxima difusión y transparencia.
He recibido, de la Presidenta de la República, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Asimismo, he solicitado su publicación en la Gaceta Parlamentaria para conocimiento de todas y todos”, publicó la legisladora en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria del 9 de octubre de 2025, el proyecto plantea una transformación integral en la política hídrica nacional.
En sus primeros artículos, la iniciativa define al agua como un bien público de interés nacional, cuya gestión debe realizarse bajo principios de sustentabilidad, equidad y transparencia, con la participación activa de comunidades, pueblos indígenas y autoridades locales.
El texto también propone la creación de un Sistema Nacional de Gestión Integral del Agua, encargado de coordinar políticas entre los tres niveles de gobierno y de establecer mecanismos de planeación, monitoreo y rendición de cuentas sobre el uso y conservación de los recursos hídricos.
Asimismo, la iniciativa detalla que se deberán garantizar condiciones de acceso universal y asequible al agua potable, así como el fortalecimiento de la infraestructura para su tratamiento y saneamiento. En ese sentido, se contempla la implementación de programas regionales de protección de cuencas, con énfasis en aquellas que presentan altos niveles de estrés hídrico.
Otro de los puntos relevantes del documento es la revisión de concesiones y derechos de uso del agua, con el objetivo de priorizar el consumo humano y doméstico sobre cualquier otra actividad económica, al tiempo que se promueve una gestión responsable en los sectores agrícola e industrial.
Excelsior
