Entre enero y agosto de 2025 se confirmó la coexistencia de dos realidades. Por un lado, estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos y Baja California enfrentaron una multiplicidad de organizaciones en disputa por el territorio, con presencia simultánea de violencia letal, extorsión y delitos patrimoniales.
Por otro lado, Yucatán, Campeche, Durango, Aguascalientes y Querétaro constituyeron, de manera general, islotes de resiliencia, donde la incidencia delictiva se mantuvo baja o en retroceso.
Estados con reducciones y balances positivos
En contraste, varias entidades se destacan de manera reiterada como experiencias de contención y resiliencia:
Yucatán: se mantiene con tasas bajas en casi todos los delitos y reporta reducciones en violencia letal, narcomenudeo y robo a negocio.
Campeche: logra reducciones en extorsión, robo de vehículo y robo a negocio, consolidándose como un espacio con avances sostenidos.
Durango: aunque no figura en todos los delitos, se ubica en el grupo de reducciones en extorsión y violencia letal.
Aguascalientes y Querétaro: mantienen bajos niveles en secuestro y otros delitos patrimoniales, lo que refuerza su perfil de entidades con entornos de seguridad relativamente controlados.
Estos casos muestran que, pese al contexto nacional adverso, sí existen territorios con capacidad de contención institucional y comunitaria.
Ante estos contrastes, la clave para la política pública es doble: contener los focos rojos con intervenciones focalizadas y aprender de las experiencias exitosas para replicarlas en territorios más vulnerables.
