Con un llamado a colocar en el centro de la agenda nacional la defensa jurídica de los pueblos originarios y afromexicanos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, inauguró ayer el diplomado Saberes jurídicos, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y cambio legal, en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ante jóvenes provenientes de 17 estados del país y representantes de comunidades cochimí, tsotsil, rarámuri, nahua, cora, otomí, mixe, mazahua, purépecha, wixárika, totonaco, maya, chinanteco y afromexicanas, Aguilar Ortiz subrayó que México atraviesa “un momento crucial” para sus pueblos originarios.
«Hoy logramos ocupar espacios de toma de decisión. La participación de sus representantes no es sólo legítima, sino indispensable para transformar la vida pública”, señaló.
El ministro enfatizó que este diplomado busca formar profesionistas capaces de entender, aplicar y defender los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
«No basta con reconocer la diversidad; se requiere personal preparado para garantizar su implementación jurídica”, apuntó.
De acuerdo con cifras del Inegi, cerca de 33 millones de personas en el país se identifican como indígenas y casi 3 millones como afrodescendientes, lo que representa alrededor de 33% de la población nacional. Sin embargo, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, lamentó que estos sectores continúen enfrentando “profundos rezagos en educación, empleo y salud”, brechas que —dijo— deben ser prioridad en las políticas públicas.
Luis Alejandro Pérez Ortiz, co-coordinador del diplomado y del Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado de la ENES, explicó que el programa académico es una respuesta directa a la reforma constitucional del artículo 2º aprobada en 2024.
«Queremos repensar desde la academia las herramientas jurídicas para atender los problemas reales de estas comunidades”, afirmó.
Por su parte, Iván Ramos Méndez, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sostuvo que México vive un proceso histórico de reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos.
«Las y los participantes de este diplomado son los futuros operadores del nuevo marco legal; de ellos dependerá su éxito”, puntualizó.
El diplomado, pionero en su tipo, pretende ser un punto de encuentro entre saberes comunitarios, academia y Estado, con el objetivo de consolidar una base de profesionistas que impulse la defensa efectiva de los derechos colectivos y abra espacios reales de representación para quienes históricamente han sido marginados.
Con información de Excélsior
