Especialistas en vivienda y urbanismo urgieron al gobierno capitalino a impulsar una ley inquilinaria que regule el mercado de rentas y garantice los derechos de arrendadores y de arrendatarios.
Carla Escoffié Duarte, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, señaló que la legislación actual es insuficiente para atender los problemas del arrendamiento.
Durante el primer foro para discutir el Bando 1: Por una Ciudad Justa y Habitable, con el cual el gobierno busca mitigar la gentrificación, Escoffié advirtió que las desigualdades estructurales entre caseros e inquilinos se han profundizado por el encarecimiento del suelo, la especulación inmobiliaria y la gentrificación.
La desigualdad entre propietario e inquilino es intrínseca y estructural. Los códigos civiles actuales son laxos, incompletos y no reflejan esa realidad”, apuntó.
Destacó que rentar una vivienda no es sólo un contrato privado, sino una forma de participación del sector privado en la política pública de vivienda, conforme a la Ley de Vivienda de la CDMX, que reglamenta el derecho constitucional a una vivienda digna.
Rosalba González Loyde, académica de la UNAM, advirtió sobre la falta de transparencia en los montos de renta y el fenómeno del alquiler informal.
El 25.7 por ciento de las personas que declaran vivir en casas prestadas en realidad pagan una renta no registrada oficialmente. Eso invisibiliza la magnitud del problema y dificulta cualquier política pública eficaz”, advirtió.
Excelsior
