El desempate en el Congreso de Guanajuato en favor de continuar penalizando el aborto abrió un nuevo capítulo en la historia mexicana de las resistencias políticas para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Porque aun cuando la sentencia de la Suprema Corte de septiembre de 2021 empujó la despenalización en dos tercios de la República mexicana, todavía son nueve las entidades donde se castiga con cárcel la interrupción voluntaria del embarazo.
Se trata de una resistencia en la que confluyen factores diversos en un momento de cambio de época en el Poder Judicial y cuando ha perdido fuerza la promesa legislativa que, en 2018, abanderaron las feministas de Morena de que con el primer gobierno de izquierda se garantizaría el derecho a decidir ya consagrado en la Constitución.
Sea por consideraciones electorales, presiones religiosas, alta representación política de sectores conservadores y nuevos alegatos jurídicos, en Durango, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Aguascalientes continúan vigentes los códigos que penalizan el derecho a decidir.
Excelsior
