La Corte Suprema de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Fernández Kirchner en el contexto de la causa Vialidad. Por ende, quedará fuera de la carrera electoral y no podrá competir, como era su intención, por una banca en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre.
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, citó a sus colegas a una reunión extraordinaria hoy martes (10 de junio) a las 16:00 horas (locales), aunque finalmente “los ministros resolvieron votar de forma electrónica”. El expediente “empezó a circular para la firma de los jueces” en la mañana y los votos se emitieron en este orden: Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Los ministros rechazaron cada uno de los argumentos del recurso de queja presentados por la exmandataria y sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”.
¿De qué fue sentenciada Cristina Kirchner?
La expresidenta fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de defraudación. La Cámara de Casación ratificó que la obra pública en Santa Cruz fue “un delito federal de corrupción” y que Cristina Kirchner “transgredió los deberes extrapenales”, favoreciendo al empresario Lázaro Báez. Ese fallo sostiene que “los responsables penales resultan ser funcionarios de tan alta jerarquía hasta quien fue la autoridad máxima del Poder Ejecutivo”.
La sentencia del Tribunal Oral Federal 2 describe “una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional” mediante 51 contratos viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La Casación subrayó que los funcionarios “omitieron controlar” y “trataron en forma preferencial” a las firmas de Báez, otorgándoles “pagos anticipados”. Para los camaristas, la prueba “permite acreditar la responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner en el delito”.
Para la defensa, la Corte aún podría revisar “arbitrariedades” procesales. Para la fiscalía, el panorama podría empeorar: el procurador Eduardo Casal avaló que se investigue también “el delito de asociación ilícita”, lo que elevaría la pena a doce años.
Por tener 72 años, la exmandataria accedería a prisión domiciliaria. La Nación señala que la opción más probable es su departamento de San Cristóbal, en Buenos Aires. Pero la defensa ambiciona algo más urgente: que la Corte admita el recurso extraordinario y le otorgue un manto de duda que le permita competir en las elecciones de septiembre, donde ya anunció su candidatura provincial.
El fallo sería firme y ejecutable. La expresidenta podría recibir orden de detención domiciliaria—el juez Jorge Gorini ya inspeccionó una dependencia policial para una eventual custodia —y su inhabilitación impediría su candidatura legislativa bonaerense. El peronismo promete movilización; La Cámpora convoca “todos los días, a donde vaya Cristina”.
Si, por el contrario, la Corte abre las quejas, la definición se deslizará meses o años. Para Kirchner, cada día de prórroga es un día de campaña. Para la oposición, cada dilación alimenta la narrativa de impunidad.
Con información de Excélsior
