El Gobierno de Luis Arce anunció que denunciará penalmente al expresidente y exlíder oficialista Evo Morales por siete delitos.
Entre ellos, obstaculización de procesos electorales, ante las protestas y amenazas de sus seguidores para forzar su candidatura en los comicios generales de agosto en Bolivia.
El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, César Siles, en una conferencia de prensa ofrecida en La Paz junto a sus colegas de la Presidencia, María Nela Prada, y de Gobierno (Interior), Roberto Ríos, al cumplirse el tercer día de bloqueos de carreteras realizados por los grupos leales a Morales (2006-2019) sobre todo en el centro del país.
Siles sostuvo que con las protestas de sus seguidores, «lo único que pretende» Morales «es habilitar una candidatura a la que no está habilitado constitucionalmente«, por lo que se le denunciará por el delito de «obstaculización de procesos electorales».
Recordó que la Ley del Régimen Electoral sanciona con cárcel de dos a cinco años a quien «promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones» en el país.
Acusaciones de «terrorismo»
Según Siles, el Gobierno también demandará a Morales por los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la libertad de trabajo y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
Además, los tres ministros deploraron un audio difundido en esta jornada por un dirigente sindical que se identificó como afín a Morales, en el que, supuestamente, el exgobernante señala que el actual conflicto es «la batalla final» e instruye a sus sectores leales que realicen un «cerco» a La Paz con bloqueos de vías.
El titular de Justicia aseguró que el Ejecutivo «va a garantizar la realización de las elecciones generales del 17 de agosto» con recursos económicos «suficientes» y también «con el uso, si es necesario, de la fuerza pública para restablecer el orden jurídicamente establecido».
También manifestó que las autoridades nacionales pedirán a la Fiscalía «una actuación inmediata y contundente» ante la denuncia que prevén presentar este jueves, pero también respecto a otras demandas existentes contras Morales.
Ríos acusó al expresidente de querer «tumbar al Gobierno elegido democráticamente» y anular los comicios para «lograr que otro proceso electoral lo habilite», porque «sabe que no puede ser candidato» nuevamente.
Tras la difusión del audio que se le atribuye, Morales sostuvo en la red social X que «el pueblo se levanta por la crisis, el hambre y la injusticia» y acusó al Gobierno de crear «falsos testigos» y «montar casos» para acusarlo.
Los sectores afines a Morales iniciaron el lunes bloqueos de carreteras en Cochabamba, la región central donde está el bastión sindical y político del expresidente, para exigir que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) admita la inscripción de su candidatura con un partido que no está habilitado y también exigen la renuncia de Arce.
Morales, que gobernó Bolivia en tres periodos, insiste en ser candidato, pese a que el Tribunal Constitucional ratificó recientemente que la reelección en el país está permitida «por una única vez de forma continua», sin la posibilidad de un tercer mandato.
Con información de DW.
